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La FGR realiza diligencias en el INE, aún no en el despacho de Taddei

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La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, confirma que agentes de la FGR han trabajado en la sede del organismo. Rechaza llamarlo «cateo» y asegura que la oficina de la Presidencia no ha sido revisada.

Blanca Cruz García explicó este 13 de noviembre ante los medios que las actuaciones de la FGR se han concentrado en la Secretaría Ejecutiva, área que dirigía Claudia Arlett Espino hasta septiembre y que ahora ocupa Roberto Carlos Félix López. «No, en la oficina de la Presidencia no hubo ninguna diligencia», afirmó. No descartó que los investigadores amplíen su revisión al despacho que ocupaba Guadalupe Taddei Zavala.

La consejera rechazó el término «cateo». «No es la palabra correcta usarlo en este tipo de situaciones», señaló. Según su relato, la FGR no hace una revisión general de las instalaciones, sino que presenta requerimientos específicos de información a los que el Instituto da acceso. Añadió que se practican auditorías forenses: los agentes acuden a la sede, revisan la documentación y recogen, en copia digital o física, lo que consideran útil para la investigación. «No es un aseguramiento de área», insistió, y precisó que esos detalles los decide la autoridad ministerial.

Las diligencias responden a las denuncias presentadas contra Taddei, funcionarios, exservidores y contratistas por posibles delitos en el manejo de recursos públicos. Taddei renunció a la presidencia del Consejo General el 26 de octubre, en medio de los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre un entramado de presuntas empresas fantasma y esquemas de subcontratación. Su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, expuso ante la Cámara de Diputados que dos grupos empresariales concentraron contratos por 8.870 millones de pesos con entidades públicas entre 2014 y 2026. De esa cantidad, 3.790 millones correspondieron a organismos electorales locales.

El 3 de noviembre, Cruz adelantó que las diez consejerías acordaron denunciar a Taddei y a cualquier funcionario que resultara responsable, como informó HerQles. «Tendrá que responder», advirtió entonces. Un día después, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 40 personas vinculadas con proveedores del organismo: 25 personas físicas y 15 personas morales. La UIF sostiene que presentaban elementos de riesgo. Se trata de una medida administrativa y preventiva que no implica responsabilidad definitiva, y la propia UIF presentó después una denuncia ante la FGR.

La ASF difundió además un mapa de relaciones entre las empresas ZEG, Graf, Formas Finas y Seriplast. Según la auditoría, proveedores relacionados con Corporativo ZEG operaron con certificaciones revocadas del SAT y recibieron 21,3 millones de pesos.

El 5 de noviembre, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG728/2026 para reforzar las normas de adquisiciones y arrendamientos en 2026-2029. La licitación pública pasa a ser la regla general y la adjudicación directa queda como excepción que debe justificarse plenamente ante las autoridades fiscalizadoras.

La reorganización coincide con un recorte de 6.000 millones de pesos al presupuesto del INE para 2027, sobre los 47.700 millones solicitados. La consejera Carla Humphrey señaló que la prioridad será garantizar la jornada electoral del 6 de junio pese a la reducción de recursos.