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Carla Humphrey respalda la denuncia penal del INE ante la FGR por presunta corrupción

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La consejera del Instituto Nacional Electoral defiende que sean las autoridades quienes investiguen los presuntos actos de corrupción y los posibles conflictos de interés en el organismo. Asegura que el INE tiene capacidad para organizar las elecciones de 2027.

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), ha respaldado la decisión del organismo de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). La denuncia se refiere a presuntos actos de corrupción, irregularidades y posibles conflictos de interés en el manejo de recursos públicos. En un posicionamiento, sostuvo que las autoridades competentes deben esclarecer los hechos y determinar, conforme a derecho, si existen responsabilidades penales y qué sanciones corresponden.

Humphrey defendió que la denuncia es una actuación institucional para garantizar la legalidad y la transparencia, «independientemente de las personas o los cargos involucrados». Añadió que el INE debe mantener una política de rendición de cuentas y permitir que el Ministerio Público revise los hechos con imparcialidad y respeto al debido proceso.

El INE anunció el 6 de noviembre que había acudido a la FGR para pedir que investigue posibles hechos de corrupción en contratos de los últimos años. Entre los procedimientos señalados figuran los de la elección judicial de 2025 y la producción de la credencial para votar. El organismo pidió que las pesquisas se realicen sin distinción de personas, cargos o periodos de gestión, y reiteró su política de cero tolerancia.

El anuncio llegó después de que el titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente, informara a la Cámara de Diputados de seis denuncias penales contra funcionarios, exfuncionarios y empresas. Carvente añadió que ocho servidores y exservidores públicos y una persona moral han sido emplazados a comparecer en procedimientos de responsabilidad administrativa por presuntas faltas graves.

Según la información difundida sobre el caso, entre los mencionados en las denuncias estarían la expresidenta del INE Guadalupe Taddei Zavala y el contratista Alfredo Hernández Casillas. El 30 de octubre, Carvente ya había señalado que cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí recibieron contratos por 2.461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales entre 2014 y 2025. Según su exposición, esas compañías tendrían vínculos con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas.

Humphrey también se refirió a los comicios del próximo año, en los que se renovarán más de 20.000 cargos públicos federales y locales. Aseguró que el INE conserva su estructura y la experiencia acumulada durante más de tres décadas. Afirmó que la ciudadanía puede tener certeza de que las casillas se instalarán el 6 de junio de 2027 y de que los votos se contarán conforme a los procedimientos establecidos.