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El cardenal Castillo recuerda ante León XIV a los jóvenes muertos en protestas en Perú

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El arzobispo de Lima citó a Inti Sotelo y Bryan Pintado como «mártires» durante una vigilia con el Papa en el Estadio Nacional, con 52.000 jóvenes. También evocó la muerte del rapero Eduardo Ruiz, «Trvco».

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, intervino este jueves en el Estadio Nacional, donde 52.000 jóvenes participaban en una vigilia con el papa León XIV. Castillo recordó a Inti Sotelo y Bryan Pintado, a quienes calificó de «mártires», y a otros jóvenes que, según denunció, recibieron disparos en protestas recientes.

«No son los únicos, porque en la historia última que hemos vivido en nuestro país y en nuestra ciudad, los jóvenes muchas veces salieron a las calles por protestar y en algún caso dispararon a varios de ellos. Y hay dos mártires de los jóvenes, Bryan e Inti», dijo entre aplausos. Mientras hablaba, el Papa lo escuchaba y asentía.

Inti, de 24 años, y Bryan, de 22, murieron en noviembre de 2020 durante las manifestaciones contra el Gobierno de Manuel Merino. Los jóvenes exigían su renuncia cinco días después de que asumiera la Presidencia tras la vacancia de Martín Vizcarra. El cardenal también evocó al rapero Eduardo Ruiz, «Trvco», que murió por el disparo de un policía infiltrado entre los manifestantes durante una protesta antigubernamental en octubre del año pasado.

La víspera, en su primer discurso en el país, pronunciado en el Gran Teatro Nacional, el pontífice compartió el recinto con Merino y con los expresidentes Dina Boluarte, José Jerí y José Balcázar. HerQles ya informó de que León XIV recorrió Lima en papamóvil entre miles de fieles.

Perú vivió además una ola de movilizaciones tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Los manifestantes exigían su liberación, la renuncia de su sucesora Dina Boluarte, el adelanto electoral y una nueva Constitución. La conflictividad se concentró en el sur andino, en regiones como Ayacucho, Apurímac y Puno, aunque también llegó a Lima y otras ciudades.

Human Rights Watch documentó la muerte de 49 manifestantes y transeúntes, ocho de ellos menores, entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Al menos 39 fallecieron por heridas de bala, según la organización. Su informe sostiene que las fuerzas de seguridad emplearon fuerza desproporcionada e indiscriminada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que en Ayacucho las muertes atribuidas a agentes estatales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y ser calificadas como una masacre. Amnistía Internacional investigó los hechos bajo los conceptos de ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza.