La Policía peruana y el FBI capturan a 12 presuntos extorsionadores de transportistas en Lima
5 Nov 2026, 03:58
Doce presuntos integrantes de la organización criminal Alcaeda han sido detenidos en dos operaciones en Lima, Callao y otras regiones de Perú. Entre ellos figura una mujer señalada como una de las cabecillas, investigada también por homicidio y tenencia ilegal de armas.
La investigación fue conjunta entre la Policía Nacional del Perú, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), el Grupo Especial Sensitivo Contra el Crimen Organizado (SCOTT) y el FBI estadounidense. Se coordinó a través del Comando Unificado, que reunió las capacidades de inteligencia e investigación de todas las entidades. Según las autoridades, la banda se dedicaba a extorsionar a empresas y conductores que operaban entre el Callao y Lima.
El primer golpe fue el 15 de octubre, con un megaoperativo simultáneo en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca e Ica. Terminó con la detención preliminar judicial de once presuntos integrantes: Genaro Pintado Ramos, José Puma Ortiz, Mateo Atehortua Taborda, Yorman Manrique Gutiérrez, Ángel Paredes Chinchay, Pascual Sánchez Guevara, Claudia Rojas Verona, Carolina Santiesteban Inoñán, Alfredo Salvatierra Yáñez, Kelly García Vásquez y Mia Caballero Quispe. Los investigadores atribuyen a Sánchez Guevara el papel de facilitador de la recaudación; el resto habría actuado como recaudadores.
El 27 de octubre, hacia las 19:45, agentes del Grecco y de la Digimin detuvieron en Ventanilla a Liz Sabina Katherine del Carmen Vílchez Guillén, conocida como «Liz» y presunta cabecilla. Su detención preliminar se ordenó por resoluciones del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente del Callao. Se le investiga por organización criminal, extorsión, homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego. Todos los arrestados son presuntos responsables hasta que haya sentencia.
Según los investigadores, Alcaeda tenía una estructura jerárquica y cobraba a los vehículos de transporte que cubrían el trayecto entre el paradero Marco Polo, en el Callao, y la Plaza Unión, en el Cercado de Lima. Entre las víctimas identificadas están las empresas Nuevo Reynoso, Néstor Gambetta y P.A.S.S. Para elegirlas, los miembros hacían labores de seguimiento y recopilaban datos sobre unidades, paraderos, propietarios y placas.
El cobro era de diez soles diarios por vehículo desde diciembre de 2025 y después subió a quince. Se pagaba por Yape, Plin y Ágora a través de cuentas receptoras rotatorias que dificultaban el rastreo. Los conductores eran incorporados a grupos de WhatsApp, donde recibían audios amenazantes, fotografías de armas y vídeos de atentados anteriores. Si se negaban a pagar o se retrasaban, el brazo armado de la banda respondía con incendios de vehículos con artefactos explosivos, colocación de dinamita y disparos, incluso mediante sicarios.
En los allanamientos de once inmuebles y cuatro celdas penitenciarias se incautaron 25 teléfonos móviles, 29 tarjetas bancarias, dos ordenadores portátiles, 15 tarjetas SIM, tres tabletas, cinco dispositivos USB, un disco duro, 2.290 soles en efectivo y documentos de contenido extorsivo. Las celdas registradas están en el Anexo de Mujeres de Chorrillos y en tres pabellones de Maranguita, con el fin de identificar conexiones de la organización desde prisión.
El teléfono incautado a Vílchez Guillén será sometido a peritajes para determinar sus vínculos y comunicaciones dentro de la banda. El Comando Unificado asegura que seguirá reforzando la coordinación entre la Policía, los organismos de inteligencia y la cooperación internacional para actuar contra las estructuras que extorsionan a la ciudadanía.
