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El Gobierno de Trump mantendrá las deportaciones masivas pese a la derrota republicana

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, descarta cambiar la política migratoria un día después de las elecciones de medio mandato. Los republicanos retrocedieron en la práctica totalidad de los condados contabilizados.

Mullin lo confirmó este miércoles a través de sus canales oficiales en redes sociales. Salió así al paso de las especulaciones sobre un posible giro estratégico después de que los republicanos perdieran el control parlamentario. «Las deportaciones continuarán», escribió en su cuenta de X, en un mensaje que reafirma la postura de la Casa Blanca sobre la inmigración.

Los análisis de los resultados registran retrocesos republicanos en el 99 % de los más de 2.200 condados contabilizados, en comparación con las presidenciales de 2024. Las caídas son especialmente fuertes en demarcaciones con mucha población hispana. Como informó HerQles, los demócratas recuperaron la mayoría en el Congreso, y el propio Trump reconoció que la guerra en Irán influyó en el resultado.

La inmigración, una de las banderas del mandato de Trump, no fue la prioridad de los votantes. Según sondeos a pie de urna difundidos por cadenas estadounidenses, solo el 14 % la señaló como el asunto principal del país. La economía (39 %) y el estado de la democracia (32 %) pesaron más. Por otro lado, estudios del Pew Research Center indican que el 62 % de los votantes latinos rechazaba la magnitud de las expulsiones.

El Instituto de Política Migratoria (MPI) estima que las autoridades estadounidenses ejecutaron unas 980.000 deportaciones entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026. Para el año fiscal 2026, concluido el 30 de septiembre, proyecta 660.000 expulsiones. «Aproximadamente el 80 % de las deportaciones contabilizadas hasta el mes de julio correspondieron a personas sin antecedentes o condenas penales», señala el informe del instituto.

La ratificación del plan llega mientras el Gobierno afronta presiones internas tras el cambio de control de la Cámara de Representantes y del Senado. Se prevé que las nuevas mayorías activen mecanismos de supervisión presupuestaria sobre los fondos de las agencias de control fronterizo y de los centros de detención. Podrán hacerlo desde el inicio del próximo periodo de sesiones en el Capitolio.

Imagen de archivo