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Los venezolanos recuperarían el TPS el 6 de noviembre si el Supremo no interviene

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Un tribunal de apelaciones rechazó la petición del Gobierno de Donald Trump de mantener suspendido el Estatus de Protección Temporal para Venezuela. La medida cautelar del Tribunal Supremo caduca el viernes 6 de noviembre de 2026.

La decisión procede del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en California, que desestimó la petición del Ejecutivo estadounidense. Con ello abre el camino para restituir las salvaguardas humanitarias que se habían revocado a los venezolanos, tal y como informó HerQles en su momento.

El litigio se enmarca en la causa National TPS Alliance contra Mullin. En ella, un tribunal de primera instancia determinó que la exsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, excedió sus atribuciones legales al cancelar de forma repentina la extensión de la medida concedida a Venezuela.

La Casa Blanca había conseguido antes que el Tribunal Supremo dictara una medida cautelar para congelar de forma temporal el beneficio. Esa orden expira formalmente el viernes 6 de noviembre de 2026. Si el Alto Tribunal no vuelve a intervenir antes, los afectados recuperarán de forma automática la protección frente a órdenes de deportación y la vigencia de sus permisos de trabajo mientras continúa el juicio sobre el fondo.

Para la comunidad de inmigrantes venezolanos, el fallo supone un alivio tras meses de incertidumbre, en los que la pérdida del estatus expuso a numerosas personas a procesos de expulsión hacia terceros países. «Hay muchas personas que merecen estar en EE UU. Hay muchos latinos que entran a través de convenios, que han ido a EE UU a trabajar y a levantar la economía de ese país», afirmó una venezolana residente en Texas.

La demanda colectiva contra el DHS la sostienen conjuntamente la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), filiales de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Leyes y Políticas de Inmigración Miñana de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y la Haitian Bridge Alliance. Estas organizaciones sostienen que la resolución devuelve seguridad a miles de familias que estaban en un limbo jurídico.

«Ante el ataque brutal de esta administración, la victoria de hoy renueva nuestras fuerzas para luchar por los derechos conquistados por generaciones anteriores de inmigrantes: poder vivir y trabajar sin miedo en el lugar al que llamamos hogar», señaló José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS. Los representantes legales de los demandantes piden al Ejecutivo que acate el criterio de las cortes federales y renuncie a nuevos recursos.

El proceso seguirá en el sistema judicial federal para resolver la controversia de fondo sobre las facultades discrecionales del DHS para rescindir programas de protección humanitaria. Mientras tanto, abogados y plataformas comunitarias piden a los venezolanos amparados por el programa que estén atentos a lo que decida el Tribunal Supremo antes del 6 de noviembre.