Kast destituye al subsecretario de Justicia en plena polémica por rebajas de condena a abusadores
31 Oct 2026, 01:13
El presidente chileno releva a Luis Silva y nombra a Josefina Soto, pero mantiene al ministro Fernando Rabat. La oposición anuncia un juicio político contra Rabat.
La Presidencia de Chile confirmó este viernes la salida de Luis Silva mediante un comunicado oficial. En él daba la bienvenida a la abogada Josefina Soto como nueva subsecretaria y agradecía a Silva «por su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría de Justicia».
Silva, militante del Partido Republicano, del oficialismo, fue apartado después de difundir en sus redes sociales un video sin autorización. En él trataba de justificar las rebajas de pena aplicadas entre marzo y septiembre de 2026 mediante decretos firmados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Esas reducciones de condena han beneficiado a más de medio centenar de personas. Según los datos del caso, han permitido excarcelar a 56 procesadas por delitos sexuales contra menores y al menos a dos condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar. El escándalo ha afectado a la valoración pública del Gobierno de Kast.
Pese a las presiones de la oposición de izquierda y de sectores de la derecha oficialista, el presidente ha decidido mantener en su puesto al titular de la cartera, Fernando Rabat. La oposición considera la salida de Silva un gesto menor e insuficiente. Ha anunciado que en los próximos días formalizará en el Congreso Nacional la solicitud de juicio político contra Rabat para exigirle responsabilidad constitucional.
La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, criticó la decisión en la red social X: «Impresionante. Kast saca a Silva porque hizo un video sin avisar. Al parecer eso le importa más que tener a violadores y pederastas por las calles, porque Rabat bien tranquilo que sigue en su cargo».
Rabat sostiene que firmó los decretos por exigencias técnicas derivadas de los informes de Gendarmería y de la doctrina de los tribunales superiores. Sectores parlamentarios replican que las administraciones anteriores rechazaron sistemáticamente este tipo de rebajas.
La polémica sigue abierta en el Parlamento por los vacíos en la aplicación retroactiva de las normas aprobadas en 2022, que restringen los beneficios penitenciarios en los delitos de abusos a menores.
