La Policía Nacional detecta españoles en centros de ciberestafa de Turquía y Ucrania

Los agentes constatan que compatriotas trabajan como teleoperadores en oficinas clandestinas que funcionan como empresas, también en los Balcanes. Algunos fueron captados con falsos anuncios de empleo.

Un inspector de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, que ha seguido las investigaciones sobre estas organizaciones, explica que los aspirantes debían pasar por un polígrafo antes de empezar. Los responsables de una oficina turca querían asegurarse de que el nuevo empleado no tenía vínculos con la policía ni pensaba delatar el negocio. Después venía una breve formación: aprender a mentir, a manipular a las víctimas y a convencerlas de que transfirieran sus ahorros.

«Tenemos constatada la presencia de ciudadanos españoles que han sido captados como teleoperadores», afirma el investigador. Según su relato, algunos llegan engañados por anuncios de empleo y otros conocen en parte la actividad. Recuerda el caso de una fuente policial reclutada mediante el boca a boca, que abandonó el centro una semana después. «Se volvió por remordimiento de conciencia», señala. No estaba retenido ni le habían quitado el pasaporte.

El inspector subraya la diferencia con los complejos criminales del Sudeste Asiático, en las fronteras de Birmania, Laos y Camboya, donde miles de personas han sido sometidas a redes de trata para cometer fraudes digitales. En los centros europeos, dice, las condiciones se parecen más a las de una empresa clandestina, con incentivos económicos pero sin castigos físicos. Esa comparación no significa que todas las organizaciones europeas funcionen igual ni que estén libres de explotación.

El modelo, según el policía, reproduce el de una gran compañía. Un responsable aporta el edificio y la infraestructura tecnológica, y debajo hay equipos divididos por mercados geográficos. Cada mesa tiene un jefe que aspira a independizarse y montar otra oficina. «Eran como franquicias», explica. Los empleados usan identidades falsas, discursos preparados y datos personales de sus objetivos, y algunos centros se trasladan al poco tiempo de abrir.

La dimensión del fenómeno se conoció en marzo de 2025 con Scam Empire, una investigación del consorcio periodístico OCCRP y más de 30 medios internacionales. Una filtración de 1,9 terabytes permitió reconstruir dos redes asentadas en Georgia, Israel y varios países europeos. Entre 2021 y 2025 recibieron al menos 275 millones de dólares de más de 32.000 personas, y España figuraba entre los principales mercados de una de ellas. En las oficinas de Tiflis, quienes llamaban a españoles usaban nombres ficticios como «Esteban Fernández».

Las operaciones posteriores confirman que no son casos aislados. En diciembre de 2025, una investigación coordinada por Eurojust actuó contra centros de Kiev, Dnipró e Ivano-Frankivsk. La organización empleaba a un centenar de personas reclutadas en distintos países europeos, con más de 400 víctimas identificadas y pérdidas superiores a diez millones de euros. Los operadores cobraban comisiones de hasta el 7 % por fraude y se hacían pasar por policías o empleados bancarios. En abril de 2026, otra operación internacional desmanteló tres centros en Tirana, con 443 ordenadores y 238 teléfonos incautados y pérdidas estimadas superiores a 50 millones de euros.

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