La consejera vasca de Justicia evita responder por la semilibertad de 46 presos de ETA
24 Oct 2026, 06:02
La socialista María Jesús San José respondió con evasivas en San Sebastián cuando le preguntaron si traiciona a las víctimas socialistas de ETA. Su departamento ha concedido la semilibertad a 46 presos de la banda terrorista desde junio de 2024.
La consejera salía de un acto con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, este jueves por la mañana en San Sebastián, cuando OKDIARIO la abordó en la calle. Le preguntó cómo cree que pasará a la historia: «Como la consejera que liberó a los etarras». San José contestó: «No, no voy a pasar. ¿Qué va a pasar a la historia?».
El mismo medio le planteó después si siente que traiciona a los socialistas asesinados por la banda terrorista. Antes de que respondiera, un guardaespaldas se interpuso para pedir que dejaran «moverse a la gente». La consejera no volvió a hablar.
María Jesús San José, nacida en Sestao en 1966, asumió la Consejería de Justicia y Derechos Humanos en junio de 2024. Lo hizo en el Gobierno de coalición PNV-PSE que preside Imanol Pradales. Era la primera vez que el PNV cedía esa cartera a sus socios socialistas.
Desde entonces, su departamento ha concedido la semilibertad a 46 presos de ETA: 34 terceros grados y otros 12 regímenes flexibles al amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Esta vía combina elementos del segundo y del tercer grado.
Entre los beneficiados figuran Luis Mariñelarena, condenado por los asesinatos del dirigente socialista Fernando Buesa y de su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza. También está Harriet Iragi, condenado por los asesinatos de José María Martín Carpena, Luis Portero y Antonio Muñoz Cariñanos, y Asier Arzalluz, uno de los autores del asesinato del columnista José Luis López de Lacalle.
Las primeras decisiones llegaron apenas una semana después de que la propia consejera prometiera en el Parlamento Vasco que nadie debía esperar de ella «un trato especial» para los presos de ETA.
Las víctimas del terrorismo han reclamado su dimisión. Covite calificó de «decepción total» los primeros terceros grados, concedidos, según denunció, a presos que no han mostrado arrepentimiento ni han colaborado con la Justicia. La Fiscalía ha recurrido varias de esas decisiones y la Audiencia Nacional ha revocado algunas de ellas por considerarlas prematuras o insuficientemente acreditadas.
