Un juez ecuatoriano ha dictado la medida contra la dirigente opositora y otras dos personas, investigadas por presunto lavado de dinero ligado a la campaña de 2023, según la Fiscalía. González rechaza las acusaciones y habla de persecución política.
La decisión judicial, comunicada este viernes por la Fiscalía de Ecuador, afecta a González y a otros dos investigados en el denominado caso Laberinto. Esta causa examina presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2023 de la Revolución Ciudadana, el movimiento al que representó González en las elecciones presidenciales de 2023 y 2025.
González fue arrestada durante un operativo en la provincia de Manabí el 22 de octubre, tal como informó HerQles tras su detención. El juez ha ordenado ahora prisión preventiva para ella, para el excongresista Santiago Díaz y para otro investigado de apellido Onofre. A un cuarto implicado, de apellido Molina, le ha impuesto medidas menos severas: presentarse ante las autoridades tres veces por semana, no salir de Ecuador y llevar un dispositivo de control telemático.
La investigación se centra en el supuesto uso de fondos vinculados al comercio ilegal de combustible para pagar publicidad electoral y otros gastos de campaña. Los fiscales analizan el origen y la justificación de las aportaciones recibidas, así como pagos que podrían no haberse comunicado correctamente a las autoridades electorales.
Según la Fiscalía, unos 500.000 dólares habrían circulado a través de una red de empresas entre mayo y octubre de 2023 para financiar propaganda de campaña. En la causa figuran, además, otras personas sospechosas de participar en el supuesto entramado.
El comunicado oficial indica que la investigación continuará durante una fase de instrucción formal de 90 días. González ha rechazado las acusaciones y ha calificado el caso de persecución política. Los cargos son por ahora meras alegaciones y los acusados se presumen inocentes mientras no exista una sentencia firme.
