Meloni aprueba un decreto con penas de hasta cinco años por disturbios violentos

El decreto italiano, de aplicación inmediata, presume la capacidad penal desde los 14 años y multa a los padres de menores implicados en actos violentos. Llega tras los disturbios de Milán y otras ciudades del norte del país.

El Gobierno de Giorgia Meloni responde así a las jornadas de violencia vividas en Milán y otras ciudades del norte de Italia, que han dejado cerca de 200 policías heridos y daños materiales valorados en alrededor de un millón de euros. La capital lombarda ha sufrido saqueos, ataques a comercios y enfrentamientos con la Policía durante las últimas movilizaciones, protagonizadas en buena medida por jóvenes.

El decreto crea un delito de participación violenta en manifestaciones. Castiga con entre dos y cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros a quienes formen parte de grupos de al menos cinco personas que empleen objetos peligrosos y pongan en riesgo la seguridad pública. Las sanciones se agravan si los participantes ocultan su rostro, provocan lesiones o dañan infraestructuras y servicios públicos.

«Destruir y robar no es protestar, es delincuencia, y la respuesta del Estado debe ser firme», ha defendido Meloni al presentar las medidas.

Una de las novedades afecta a los menores. El texto establece una presunción de capacidad penal desde los 14 años, salvo prueba en contrario, lo que sustituye al sistema anterior, que obligaba a acreditar de forma individual que el menor comprendía sus actos. Además, las autoridades podrán aplicar retenciones preventivas a determinados menores desde los 16 años cuando concurran los requisitos legales de peligrosidad, incluso antes de que cometan un delito concreto.

Los padres de menores implicados en actos violentos también responderán económicamente, con multas de entre 500 y 1.000 euros que podrán duplicarse en caso de reincidencia. «Quien rompe, paga; y si quien rompe es un menor, pagan sus padres», ha proclamado la primera ministra. La norma facilita igualmente las reclamaciones por daños a comercios, vehículos y bienes públicos.

El decreto prevé el despliegue de 500 militares adicionales en Milán hasta finales de diciembre dentro de la operación Strade Sicure, destinada a reforzar la vigilancia y la protección de espacios públicos. El Ejecutivo había estudiado otorgarles temporalmente ciertas facultades policiales, pero lo descartó tras las objeciones del presidente de la República, Sergio Mattarella.

La norma entra en vigor de inmediato, aunque el Parlamento italiano deberá ratificarla en un plazo de 60 días. Quienes la critican sostienen que el endurecimiento penal no resolverá las causas sociales de los disturbios. Meloni insiste en que ninguna reivindicación política puede justificar los saqueos, las agresiones ni la destrucción de establecimientos.

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