Pedraz da otros 15 días al PSOE para entregar su listado de abogados contratados

El juez de la Audiencia Nacional rechaza que el partido condicione la entrega a un pronunciamiento de la Abogacía y le exige la documentación «sin más demora». El plazo, que no será prolongable, afecta a las contrataciones de 2021 a 2025.

El magistrado Santiago Pedraz ha fijado este viernes un nuevo plazo máximo de quince días para que el PSOE aporte la relación de letrados, despachos de abogacía y consultoras contratados entre 2021 y 2025 por sus órganos centrales y territoriales. La providencia, fechada el 23 de octubre, se enmarca en la investigación sobre Leire Díez, conocida como caso Cloacas. El juez pide también los contratos, notas de encargo, expedientes y justificantes vinculados a esos servicios.

La resolución responde al escrito que Ferraz presentó el jueves, después de dejar vencer las 48 horas que el instructor le había concedido. En él, el partido alegaba que esperaba el criterio del Consejo General de la Abogacía Española, al que había enviado una consulta el 20 de octubre. Añadía que su capacidad de respuesta estaba «mermada» por la campaña electoral y por la dispersión territorial de los documentos.

Pedraz descarta ese planteamiento. Sostiene que la consulta «carece de todo efecto suspensivo» sobre el requerimiento judicial y que «ninguna disposición legal atribuye a dicha iniciativa unilateral la virtualidad de paralizar una diligencia de investigación judicial». Recuerda además que el secreto profesional ya se resolvió en su resolución del 6 de octubre y que no procede «reabrir artificialmente un debate previamente resuelto».

El magistrado reprocha al PSOE que no señale documentos concretos afectados por ese secreto. Califica su postura de «invocación genérica e indiscriminada respecto de la totalidad de la documentación requerida». Sobre la dispersión territorial y las cargas de la actividad política, afirma que esas razones «no pueden prevalecer frente al deber constitucional de colaborar con la Administración de Justicia». La providencia atribuye esas circunstancias a la organización interna del propio partido.

Si el PSOE considera que concurre un supuesto concreto de secreto profesional, deberá identificar «de forma precisa e individualizada los documentos afectados y las razones jurídicas que justificarían su exclusión». El juez subraya que el plazo no podrá prolongarse y que el cumplimiento no puede supeditarse a «actuaciones extraprocesales de su exclusiva iniciativa».

La diligencia forma parte de la investigación sobre las presuntas maniobras atribuidas a la exmilitante Leire Díez. Esta examina el posible uso de contrataciones profesionales para canalizar pagos, entre ellas encargos a despachos vinculados a Ismael Oliver y a Jacobo Teijelo, letrado de Santos Cerdán.