El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, sostiene que todo el que tenga pasaporte español debe poder votar, tras la suspensión acordada por el Tribunal Supremo. «El derecho a voto es sagrado», afirmó.
El Tribunal Supremo ha suspendido la participación en las elecciones generales del 29 de noviembre de quienes no acrediten ser descendientes de exiliados. Illa lamentó que 168.000 personas con pasaporte español no puedan votar «por una decisión sin precedentes» del Supremo, cuando algunas de ellas ya lo hicieron en convocatorias anteriores.
En una entrevista radiofónica, el dirigente socialista defendió que el sufragio es un derecho «fundamental» de cualquier ciudadano con nacionalidad española. También lamentó que determinados sectores cuestionen la legitimidad de los procesos electorales, en referencia, entre otras cosas, a las críticas contra el voto por correo. A su juicio, una resolución judicial no debería impedir votar a quienes ya ejercieron ese derecho.
Illa se refirió además a la renuncia de Montse Mínguez como portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, tras la polémica por las propiedades inmobiliarias de su pareja. Consideró que las críticas contra ella fueron «muchas veces no contrastadas y excesivas» y atribuyó su dimisión al sufrimiento que la situación causaba a su familia. Aseguró que la pareja de Mínguez no ha hecho nada «ilegal» y que cumple la legislación vigente, por lo que negó que haya contradicción con el discurso del PSOE sobre vivienda.
Sobre la ley de amnistía, reiteró que su aplicación ha mejorado la convivencia en Cataluña y la respaldó en el apoyo jurídico que, según dijo, ha recibido del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En cuanto a la financiación autonómica, defendió que ninguna comunidad perderá recursos con el traspaso de 21.000 millones de euros del Estado a las autonomías. Rechazó que el modelo sea un «cupo» o suponga un privilegio para Cataluña.
Sobre la inmersión lingüística y la obligación de impartir al menos un 25 % de las clases en castellano, aseguró que las políticas de protección del catalán de su Gobierno cuentan con un «amplísimo consenso social». Sostuvo que el modelo educativo garantiza que los alumnos acaben la escuela con buen dominio del catalán y del castellano.
En materia de inmigración, Illa rechazó vincular la llegada de extranjeros con el aumento de la inseguridad, una asociación que calificó de «demagógica». Afirmó que la seguridad en Cataluña ha mejorado gracias al aumento de efectivos de los Mossos d’Esquadra y a un incremento del 10 % en la plantilla de jueces.
