Un juez procesa a toda la cúpula de ETA de 2002 por el atentado de Santa Pola

El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña atribuye el ataque contra la casa cuartel a los miembros del Comité Ejecutivo de la banda terrorista. El atentado mató a una niña de seis años y a un hombre.

El atentado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) se cometió en agosto de 2002. Además de las dos víctimas mortales, un hombre que esperaba el autobús y una niña de seis años, dejó más de medio centenar de heridos. Los autores materiales ya fueron condenados. Ahora el juez extiende la responsabilidad a quienes formaban entonces el Zuba, el Comité Ejecutivo de la banda terrorista.

El auto de procesamiento alcanza a Ainhoa Múgica Goñi, Juan Antonio Olarra Guridi, Félix Ignacio Esparza Luri y María Soledad Iparraguirre, ‘Anboto’. La decisión llega después de la querella que Dignidad y Justicia presentó en 2022 para reactivar la investigación. En una primera fase, en 2024, el juez Manuel García Castellón ya había procesado por estos hechos a Mikel Albisu, ‘Mikel Antza’, y a Ramón Sagarzazu, ‘Ramontxo’.

Los cargos son asesinato, lesiones y daños terroristas. Como referencia penal figura la condena de 843 años de cárcel impuesta a los dos etarras que colocaron un Ford Escort con 100 kilos de explosivo.

Según el magistrado, el atentado se enmarcó en «la estrategia» de ETA y «fue posible gracias a la actuación coordinada de diversos órganos» de la organización, «sometidos a las directrices emanadas» del Zuba. El reparto de responsabilidades es el siguiente: a Olarra Guridi y Múgica Goñi se les atribuye el control del aparato militar (Lohi), con «el control, coordinación y abastecimiento de los comandos». A Esparza Luri se le señala como «máximo responsable» del aparato logístico (Otsagi), encargado de adquirir, preparar y suministrar los medios materiales. A ‘Anboto’ le correspondía el aparato de finanzas (Diba), que gestionaba los recursos económicos de la actividad terrorista.

La resolución se apoya en informes de la Policía y de la Guardia Civil. Estos atribuyen a las estructuras directivas el suministro del vehículo sustraído usado como coche bomba, las placas de matrícula falsas y el explosivo. Todo ello habría llegado ya preparado desde Francia al comando Argala, sin que los autores materiales dispusieran de infraestructura propia para elaborarlo. De ello se desprende, según el auto, que la intervención de la cúpula fue imprescindible para cometer el atentado.

El juez ha acordado citar a los cuatro dirigentes a declarar para notificarles el procesamiento. La resolución se enmarca en el empeño de las víctimas de que la responsabilidad recaiga también sobre la dirección de ETA, y no solo sobre quienes se logra vincular directamente con cada atentado. La estructura de la banda era fuertemente jerárquica, y era su dirección la que daba luz verde a las acciones.