Un tribunal federal permite a Florida aplicar su ley de redes sociales para menores
16 Oct 2026, 08:17
Un panel unánime de la Corte Federal de Apelaciones del Undécimo Circuito autoriza al estado a aplicar la ley HB 3, firmada por Ron DeSantis en 2024. El litigio sigue abierto y volverá al tribunal federal de Tallahassee.
La norma en cuestión es la llamada «Protecciones en línea para menores» (HB 3), que fija condiciones para crear y mantener cuentas en determinadas plataformas. DeSantis la promulgó el 25 de marzo de 2024 y su entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2025. La decisión afecta tanto a las familias como a las empresas tecnológicas.
El tribunal consideró que la ley probablemente supera el cuestionamiento constitucional basado en la libertad de expresión. Aun así, el proceso no ha terminado: la demanda regresará al tribunal federal de Tallahassee. Los recursos contra la legislación los presentaron las asociaciones empresariales NetChoice y Computer & Communications Industry Association.
En la práctica no hay una prohibición general. La autorización de los padres resulta decisiva para los jóvenes de 14 o 15 años, mientras que no constituye una excepción para los menores de 14.
La HB 3 define los servicios afectados con criterios concretos: plataformas que permiten compartir o consultar contenido, que usan algoritmos para seleccionar publicaciones y que incorporan funciones que la ley considera adictivas. Además, al menos el 10 % de sus usuarios activos diarios menores de 16 años debe dedicarles, de media, dos horas diarias en los días de uso. Quedan fuera los servicios cuya única función sea el correo electrónico o la mensajería directa privada.
Las plataformas deberán permitir que los menores incluidos en la norma soliciten el cierre de sus cuentas, y también atender las peticiones de padres o tutores confirmados. El plazo es de cinco días hábiles si lo pide el propio menor y de diez si lo pide su padre o tutor. Después, deberán eliminar de forma permanente los datos personales asociados, salvo que una obligación legal exija conservarlos.
Los incumplimientos conscientes o temerarios pueden acarrear sanciones civiles de hasta 50.000 dólares por infracción. La ley contempla también acciones privadas, con indemnizaciones de hasta 10.000 dólares para los menores afectados, según las condiciones que establece.
