La Administración Trump investiga si Ilhan Omar falseó su edad para lograr la ciudadanía

Las autoridades federales estudian si la congresista demócrata o su padre alteraron su edad en la documentación migratoria al obtener la nacionalidad en 2000. El objetivo, según las informaciones, es reunir pruebas para retirarle la ciudadanía y después deportarla.

Según una información publicada por The Wall Street Journal, la Administración de Donald Trump ha intensificado la investigación sobre Ilhan Omar, congresista demócrata de origen somalí, para reunir pruebas que permitan retirarle la ciudadanía estadounidense y después deportarla. Las pesquisas se centran en cómo obtuvo la nacionalidad en 2000, tras llegar a Estados Unidos desde Somalia.

Los investigadores examinan también la documentación migratoria de la familia y las actuaciones de su padre, Nur Omar Mohamed, que trasladó a su hija y a otros parientes desde un campo de refugiados en Kenia hasta Estados Unidos en 1995. Las autoridades federales han emitido más de una docena de citaciones para que distintas personas, entre ellas familiares de la congresista, declaren ante un gran jurado en Minnesota.

La investigación estudia si Omar o su padre alteraron su edad en los papeles para que constase que tenía 17 años y no 18 cuando se solicitó la nacionalidad. De haber sido menor en las circunstancias que prevé la norma, habría podido adquirir la ciudadanía de forma automática a través de su padre, sin un procedimiento independiente.

Agentes federales registraron además la residencia de Omar en Washington. Según el diario, se llevaron dispositivos electrónicos, cuadernos y un pasaporte. El Departamento de Justicia confirmó que el registro contaba con autorización judicial, sin ofrecer más detalles. Como informó HerQles, los agentes requisaron también su teléfono.

Omar, de 44 años y representante por Minnesota, ha negado reiteradamente haber cometido fraude migratorio. Su oficina acusó a Trump de querer apartar del Congreso a una de las principales voces progresistas y sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento.

El caso se enmarca en una campaña más amplia del Gobierno republicano para revocar la nacionalidad de inmigrantes que, según las autoridades, la lograron mediante declaraciones falsas. El Ejecutivo ha presentado más de 200 demandas de desnaturalización contra personas condenadas por delitos y otras investigadas. La mayoría de los procedimientos recientes sigue sin resolverse.

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