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Correos pide a sus empleados firmar una instrucción sobre declaraciones públicas en plena precampaña

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La dirección de Correos, presidida por Pedro Saura, traslada a los centros de trabajo una instrucción para «controlar» lo que dicen los empleados ante los medios. Los sindicatos de la empresa pública rechazan la medida.

La instrucción se está transmitiendo a los distintos centros de trabajo a través de los responsables de la compañía, que además piden la firma individual de cada empleado. Así lo ha publicado Vozpópuli. El texto de la medida pretende «controlar» las declaraciones ante los medios de comunicación, las opiniones y las manifestaciones públicas de la plantilla.

El documento distingue entre las comunicaciones oficiales hechas en nombre de Correos y las intervenciones públicas de los trabajadores. Pese a ello, su aplicación ha provocado malestar entre los sindicatos de la empresa, que cuestionan tanto el alcance de la norma como el momento elegido para implantarla.

Las organizaciones sindicales consideran que la instrucción puede limitar la libertad de expresión de los empleados cuando hablan a título personal sobre la situación interna de la compañía. También critican que la dirección haya actuado con rapidez en este asunto mientras siguen sin resolverse otros problemas laborales: la cobertura de bajas y vacaciones, la sobrecarga de trabajo, las prejubilaciones, la temporalidad y las bolsas de empleo.

La polémica llega en un momento delicado para la empresa pública. Correos tiene un papel central en la gestión del voto por correo de las elecciones generales del 29 de noviembre y está sometida a un escrutinio creciente en plena precampaña, con distintos partidos que reclaman garantías adicionales sobre el funcionamiento del voto postal.

Al mismo tiempo, los sindicatos exigen refuerzos de plantilla para afrontar el aumento de trabajo del proceso electoral y evitar que la presión sobre oficinas, reparto y clasificación afecte al servicio. La nueva instrucción añade así otro foco de tensión interna justo cuando la compañía debe garantizar la tramitación del voto por correo.