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Argentina recurrirá esta semana al Tribunal del Mar para frenar el petróleo en Malvinas

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El Gobierno de Javier Milei pedirá una medida cautelar al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, contra los proyectos petroleros en aguas de las islas. Las petroleras siguen adelante: Rockhopper ha cerrado la compra de un segundo buque de producción.

La petición se centra en las petroleras con proyectos en la llamada Cuenca Norte, en aguas que rodean las islas. Del procedimiento se encargarán abogados de la Procuración del Tesoro, con la participación de la Consejería Legal de la Cancillería, a cargo del embajador Mario Oyarzabal. El Palacio San Martín no ha precisado fechas, aunque en la Casa Rosada han apuntado que el trámite se concretará esta semana.

El Ejecutivo justifica la elección del tribunal porque, según sostiene, «es un órgano independiente de la CONVEMAR», la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La medida se suma a otras iniciativas del Gobierno sobre el archipiélago, entre ellas sanciones económicas y un proyecto de ley para reforzar la seguridad, la defensa y el control de recursos.

El lunes venció el plazo que la Oficina de Presidencia había dado a Londres para impedir la continuación de las actividades de hidrocarburos en lo que Argentina llama su Plataforma Continental. Se refería al proyecto Sea Lion, de las empresas Rockhopper, británica, y Navitas, israelí. Una fuente oficial matizó que «no venció ningún plazo» formal para acudir al tribunal.

El canciller Pablo Quirno afirmó días atrás que «es la primera vez en la historia que se somete a un tribunal internacional la disputa sobre los hechos unilaterales que realiza el Reino Unido con la explotación ilegal».

El tribunal tiene 21 magistrados y no tiene plazo para pronunciarse. Su fallo es de cumplimiento obligatorio para las partes. Entre los jueces figura la argentina Frida Armas, actual vicepresidenta, de quien fuentes consultadas opinan que debería excusarse por su papel en la delimitación exterior de la plataforma continental argentina. El tribunal no puede resolver la soberanía en disputa, pero sí valorar si una de las partes puede explotar de forma unilateral recursos no renovables en una zona litigiosa. Argentina reclama la soberanía del archipiélago desde 1843. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que los británicos «nunca aceptaron tribunales arbitrales».