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La rebaja fiscal de VOX aumentaría el poder adquisitivo pero equivale al 3,8% del PIB

La propuesta fiscal presentada por VOX plantea una reducción profunda de los impuestos sobre familias y empresas pero supondría 64.000 millones de euros menos de recaudación y requeriría importantes ajustes para evitar un aumento del déficit y su viabilidad dependería de si se pueden compensar los ingresos que dejarían de recibir las administraciones públicas.

El programa económico presentado por VOX en octubre de 2025 propone un mínimo exento de 22.000 euros en el IRPF, tipos del 15% y del 25% y una reducción de cuatro puntos por descendiente. También contempla bajar el IVA general al 18%, el reducido al 8% y el impuesto de sociedades al 15%.

El propio documento de VOX estima un coste de 40.000 millones para la reforma del IRPF, 14.000 millones para las rebajas del IVA y 10.000 millones para Sociedades. Las tres medidas suman 64.000 millones, sin incluir todas las propuestas adicionales del paquete fiscal.

Impacto sobre el PIB y el gasto público

Esa cantidad equivale aproximadamente al 3,8% del PIB español de 2025, calculado sobre los 1,69 billones de euros publicados por el INE. No significa que la economía perdiera ese porcentaje de producción, sino que las administraciones recaudarían menos y los contribuyentes dispondrían inicialmente de más recursos.

Para dimensionarlo, los 64.000 millones representan casi todo el gasto público anual en educación, alrededor del 62% del gasto sanitario, tomando las cifras de 2024 o el 79,2% del aumento teórico de inversión en la OTAN que exige la administración Trump a España.

La reducción tributaria podría impulsar el consumo y mejorar los incentivos a invertir y contratar, pero su efecto dependería del destino del dinero y de cómo se financiara: una parte podría ahorrarse o gastarse en importaciones, mientras que los recortes presupuestarios también afectarían a la actividad económica.

Riesgos fiscales y marco europeo

Si las rebajas se aplicaran sin financiación alternativa añadirían unos 3,8 puntos de PIB al déficit anual. Eso aumentaría las necesidades de endeudamiento y podría encarecer la financiación si los inversores percibieran un deterioro de las cuentas públicas.

Sin embargo, el recorte entra dentro de los estándares europeos, que exige un IVA mínimo comunitario del 15%, aunque la UE contempla procedimientos de corrección y posibles sanciones por incumplimiento fiscal incluso dentro de su norma.

VOX señala por último algunas de las partidas presupuestarias de donde pretende recortar gasto público: subvenciones directas, aportaciones a entidades empresariales públicas como RTVE, cooperación internacional o gasto autonómico que considera revisable. Sin embargo, el desafío de VOX consiste en bajar estos números a tierra de forma pragmática y realizable.