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África

El victimismo marroquí cerca la embajada de España en Rabat con acusaciones de racismo y agresiones.

La tensión diplomática y el acoso hacia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españoles continúan escalando ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez. La sede diplomática de España en Rabat ha sido escenario de una concentración promovida por la Liga Marroquí para la Defensa de los Derechos Humanos, una entidad que ha intentado invertir la carga de la culpa fronteriza acusando directamente a los agentes españoles de ejercer una supuesta violencia sistemática en la frontera sur.

Durante la movilización, los manifestantes desplegaron pancartas redactadas íntegramente en español con graves acusaciones contra las instituciones nacionales. Entre las proclamas exhibidas frente a la legación diplomática, la organización exigía investigar presuntas vulneraciones con mensajes textuales como «Basta de racismo, delitos de odio y del avance de la extrema derecha» y «Los derechos de las personas migrantes no son negociables». Asimismo, el colectivo elevó el tono de sus difamaciones reclamando en sus carteles: «¡Investiguen las agresiones sexuales contra las mujeres migrantes!» y «Esclarezcan el paradero de las personas desaparecidas e identifiquen a las víctimas».

En el manifiesto impulsado durante el acto, la LMDDH solicitó formalmente la creación de un «comité internacional de investigación» independiente para fiscalizar, evaluar y juzgar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad españolas en los perímetros de Ceuta y Melilla.

La concentración, que apenas logró congregar a una veintena de personas, fue rápidamente acordonada y disuelta por los efectivos de la Seguridad Nacional de Marruecos al carecer de los permisos administrativos pertinentes. Sin embargo, el señalamiento público a España escenificado frente a la embajada se produce en un momento de máximo mutismo oficial por parte de Mohamed VI.

El Gobierno alauí mantiene un silencio absoluto respecto al informe de la Policía Nacional española remitido a la Audiencia Nacional. Mientras el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se apresura a desmentir a sus propios agentes para proteger las relaciones bilaterales, las plataformas marroquíes instrumentalizan el relato de los derechos humanos para situar a España como el país agresor. Una maniobra de distracción que busca difuminar las pruebas judiciales que apuntan a que los propios gendarmes marroquíes actuaron de paisano para coordinar y guiar el asalto masivo a la frontera de Ceuta.