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De las guardias de 24 horas a la sustitución laboral: así afecta la entrada masiva de médicos extranjeros a la calidad asistencial en España.

Foto: IA

El sistema de Formación Sanitaria Especializada en España atraviesa un punto de inflexión histórico. Por primera vez desde su creación, el examen para Médico Interno Residente registra más aspirantes extranjeros que nacionales. Frente a los 11.500 facultativos españoles inscritos, una cifra idéntica a la de la convocatoria anterior, el número de médicos foráneos admitidos se ha duplicado en un solo año hasta alcanzar los 12.500 candidatos, según reflejan los datos oficiales de admitidos en la web de Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad.

El Gobierno ha procedido a la homologación exprés de cerca de 30.000 títulos universitarios de Medicina extranjeros a través de los canales del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, inyectando de golpe una masa crítica de profesionales extracomunitarios en el circuito sanitario español.

El grueso de estas homologaciones procede de facultades situadas fuera del Espacio Europeo de Educación Superior, principalmente de países de Hispanoamérica como Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Cuba y República Dominicana, además de estados del norte de África como Marruecos. Las organizaciones colegiales y los sindicatos médicos llevan meses advirtiendo de que esta apertura masiva sin una auditoría rigurosa de los planes de estudio de origen abre una vía directa al deterioro de la calidad asistencial en España.

Los graduados en las universidades españolas superan una nota de corte de acceso extrema, seis años de formación estandarizada bajo criterios europeos y una evaluación continua supervisada por las agencias de calidad. En contraste, la validación acelerada de decenas de miles de títulos extranjeros introduce en el sistema a perfiles cuyos programas académicos no siempre cuentan con las horas de práctica clínica ni con el rigor formativo exigido en España. Además, informes del propio Ministerio de Sanidad han admitido que el verdadero riesgo radica en la contratación de médicos sin especialidad homologada en el sistema público, una práctica que se ha extendido en diversas comunidades autónomas para cubrir vacantes de forma precaria y que sitúa al frente de las consultas a personal sin la capacitación exigida por la normativa nacional.

La avalancha de homologaciones coincide en el tiempo con el mayor ciclo de protestas y huelgas de los médicos españoles en la última década. Los facultativos nacionales denuncian que el sostenimiento de la sanidad pública descansa sobre la precarización de sus condiciones laborales: guardias obligatorias de 24 horas, horas extraordinarias que tributan fiscalmente pero no cotizan para la jubilación, turnos nocturnos retribuidos como horas ordinarias y una pérdida acumulada de poder adquisitivo tras años de congelación salarial.

Desde el sector médico se apunta a que la estrategia del Gobierno busca desactivar la capacidad de negociación y protesta de los profesionales españoles. En lugar de incrementar las partidas presupuestarias para dignificar las retribuciones y equipararlas al entorno europeo, la Administración opta por nutrir las plantillas con miles de profesionales procedentes de países con economías degradadas. Estos trabajadores, al encontrar en España condiciones superiores a las de sus lugares de origen, conforman una bolsa laboral dispuesta a asumir la sobrecarga asistencial y los bajos salarios sin secundar las movilizaciones ni exigir mejoras estatutarias, vulnerando en la práctica la capacidad de presión legítima de los médicos autóctonos.

La normativa española actual permite que cualquier ciudadano extracomunitario con un simple permiso de residencia temporal o de estancia por estudios compita en igualdad de condiciones por una plaza MIR financiada con impuestos nacionales, una situación anómala en el panorama internacional que desprotege al graduado local.

En naciones de referencia como Canadá, el acceso al sistema de residencia médica a través del Canadian Resident Matching Service (CaRMS) exige de forma estricta poseer la ciudadanía canadiense o el estatus de residente permanente legal antes de poder optar a una plaza. Del mismo modo, el Reino Unido ha blindado su sistema sanitario (NHS) estableciendo criterios de prioridad legal para los médicos formados en las universidades británicas frente a los aspirantes internacionales. Mientras las potencias sanitarias protegen la inversión pública realizada en la formación de sus propios médicos, el marco regulatorio español diluye la prioridad nacional y expone al sistema de salud a una pérdida progresiva de excelencia clínica y de capital humano propio, empujando a los jóvenes facultativos españoles a emigrar hacia otros países europeos.