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España

Los indicios contra Núcleo Nacional abren la puerta a examinar rebelión y terrorismo

Agentes de la Policía Nacional de España durante una intervención

Las escuchas sobre un supuesto «alzamiento armado», los presuntos viajes a Ucrania para recibir formación militar y el material hallado en los registros amplían el horizonte penal de la investigación. Por ahora, los investigados no están acusados de rebelión ni de terrorismo.

La causa la instruye un juzgado de Gijón, que trata de esclarecer si Núcleo Nacional constituye una asociación ilícita y si sus integrantes incurrieron en delitos de odio y tenencia ilícita de armas. Según la investigación, los indicios del sumario permiten además analizar si los hechos podrían encajar en otras figuras, como la rebelión o el terrorismo. La jueza ha concedido la libertad provisional con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte y la comparecencia semanal, mientras continúa la instrucción. La calificación jurídica no es definitiva.

Como informó HerQles, la magistrada ya ordenó el cese de la organización y el cierre de sus sedes. En sus resoluciones la describe como una estructura paramilitar y jerarquizada, con reparto interno de funciones y una actividad orientada a promover el odio y la violencia ideológica. La Policía le atribuye además actuaciones de hostilidad contra determinados colectivos y la captación y el adoctrinamiento de jóvenes.

La primera figura en juego es la asociación ilícita. El artículo 515 del Código Penal castiga a las que tengan carácter paramilitar, empleen medios violentos o fomenten el odio por motivos ideológicos. El artículo 517 prevé de dos a cuatro años de cárcel para fundadores y directores, y de uno a tres para quienes participen activamente. El delito de incitación al odio, que se investiga por separado, se castiga con entre uno y cuatro años.

La rebelión exige un alzamiento violento y público para alcanzar fines como derogar o modificar la Constitución, impedir elecciones o sustituir al Gobierno. No basta con desear un levantamiento o hablar de él. Las penas van de quince a veinticinco años para los promotores, de diez a quince para los mandos subalternos y de cinco a diez para los participantes, con un máximo de treinta años para los principales responsables si se esgrimieron armas. También se castigan la provocación, la conspiración y la proposición, con una pena inferior en uno o dos grados. La conspiración requiere que dos o más personas se concierten y resuelvan ejecutar el delito.

En cuanto al terrorismo, los artículos 571 y siguientes exigen que la finalidad del grupo sea cometer delitos de terrorismo. No basta con una ideología extremista, una estructura paramilitar o contactos con organizaciones extranjeras. Los investigados tampoco están acusados de este delito por el momento.

Imagen de archivo