La Jurisdicción Especial para la Paz les atribuye crímenes de guerra y de lesa humanidad. La imputación se basa en los testimonios de 743 víctimas acreditadas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó este lunes en Bogotá la imputación de once excomandantes de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los cargos son violencia sexual, esclavitud sexual, persecución contra civiles y otros delitos por razón de género. El tribunal nació del acuerdo de paz que el Gobierno y las FARC firmaron en 2016.
Según la JEP, la imputación se construyó con los relatos de 743 víctimas acreditadas. De ellas, 573 son mujeres, incluidas 18 trans, y 81 son hombres, seis de ellos trans. Otras 272 personas eran niñas o niños cuando ocurrieron los hechos.
Los imputados fueron comandantes y miembros de los estados mayores de los extintos bloques Sur, Oriental, Noroccidental y Occidental, así como del Comando Conjunto Central. Entre ellos figuran Luis Eduardo Rayo, conocido como Marlon, y Fabián Ramírez Cabrera.
El tribunal los identifica como máximos responsables, por mando o por autoría directa, de crímenes de guerra como violación, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazamiento de civiles. La Sala de Reconocimiento de Verdad precisó que algunos responden por no prevenir, investigar ni castigar a sus subalternos, que cometieron los hechos directamente. Otros son autores directos. La Sala añadió que «la mayoría de los autores materiales murieron en la guerra».
La JEP aportó además datos sobre la justicia ordinaria. De 2.222 procesos por violencia sexual atribuida a las FARC, el 91 % no llegó a juicio y el 78 % no superó las etapas iniciales de investigación. Ninguno de los excomandantes imputados había estado en la cárcel por estos crímenes.
Las imputaciones forman parte del Caso 11, abierto en agosto de 2023. Este caso investiga la violencia sexual, la violencia reproductiva y otros crímenes por prejuicio contra la orientación sexual y la identidad de género diversas en el conflicto armado colombiano. Según el tribunal, la investigación nació de una petición de las víctimas y sus organizaciones, que pidieron a la JEP un espacio para investigar esos hechos.
