El Congreso de Colombia aprueba la ley de sometimiento a la justicia de grupos armados
4 Nov 2026, 18:28
La norma, de treinta artículos, elimina las mesas de diálogo y retira el estatus político a los grupos armados. Supone un giro respecto a la política de paz de Gustavo Petro.
Las dos cámaras del Congreso colombiano dieron este miércoles su aprobación definitiva a la ley de sometimiento a la justicia de los grupos armados, promovida por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El debate se prolongó durante dos días.
El mandatario celebró el resultado en redes sociales con la expresión «Habemus ley de sometimiento». Según De la Espriella, el texto refuerza la seguridad y la tranquilidad de los colombianos. También agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, «su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa».
La ley desmonta el modelo de negociación vigente hasta ahora. Se levantan las mesas de diálogo, los grupos armados pierden su estatus político y desaparece la figura del gestor de paz, muy controvertida. Los condenados tendrán que cumplir sus penas en cárceles u otros centros penitenciarios, de modo que se acaba con las zonas especiales de desmovilización.
Los grupos que se acojan al proceso deberán firmar actas de sometimiento. Estas incluyen entregar las armas y a los menores de edad reclutados a la fuerza, informar sobre el paradero de los desaparecidos y sobre sus fuentes de financiación, aportar otros datos relevantes y cesar sus actividades ilícitas.
A título individual, cada integrante que decida acogerse al plan deberá asumir su responsabilidad, entregar los bienes obtenidos de forma ilícita y realizar trabajos de reparación, entre otras obligaciones. Si incumple alguna, puede perder los beneficios penitenciarios.
La norma contempla rebajas de pena de hasta el 50 % y, para los mandos, del 30 %, siempre que en este último caso la condena no quede por debajo de diez años de prisión. Si el grupo sigue reclutando menores una vez promulgada la ley, ambos porcentajes pueden bajar al 30 % y al 10 %, respectivamente.
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