EE. UU. acusa a un mexicano de construir el narcotúnel del CJNG en Tijuana
30 Oct 2026, 15:59
Un gran jurado federal de San Diego imputa cuatro cargos a Luis Manuel Hernández Victoria, mexicano de 60 años natural de Guadalajara, entre ellos apoyo material a una organización terrorista extranjera. Es el séptimo acusado por este túnel.
La acusación fue presentada el 29 de octubre de 2026 ante la Corte Federal del Distrito Sur de California. Contra Hernández Victoria, alias «El Ingeniero», «El Inge» y «Nalgón», pesan cuatro cargos: apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para construir o financiar un túnel transfronterizo, conspiración para usarlo en la importación de sustancias controladas y conspiración para importar esas sustancias.
El cargo de apoyo a una organización terrorista se debe a que el Gobierno de EE. UU. designó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. Según la Fiscalía estadounidense, el acusado habría participado directamente en el diseño y la construcción de la infraestructura que usaba el cártel.
El túnel se descubrió el 29 de mayo de 2026 dentro de un establecimiento comercial de Roll Drive, en San Diego, cerca del puerto de entrada de Otay Mesa. El local operaba como «Buy 4 Less». El pasadizo enlazaba ese punto con Tijuana, medía unos 1.933 pies (unos 589 metros), llegaba a 55 pies de profundidad y tenía una altura aproximada de 4,5 pies. Contaba con paredes reforzadas, rieles, ventilación y electricidad.
Al localizarlo, los agentes decomisaron más de una tonelada de cocaína, valorada en más de 45 millones de dólares.
Hernández Victoria fue detenido en Jalisco el 15 de octubre de 2026, según informes públicos citados por la Fiscalía. En el operativo, las autoridades mexicanas le aseguraron armas y narcóticos. Esta es la séptima acusación relacionada con el túnel, y la investigación sigue abierta para determinar si participaron más personas.
El fiscal federal Adam Gordon afirmó que el acusado «orquestó su propia caída». Kevin Murphy, agente especial a cargo de HSI en San Diego, sostuvo que el caso demuestra el compromiso de las autoridades estadounidenses con desmantelar organizaciones criminales transnacionales que considera una amenaza para la seguridad nacional.
Los dos cargos de importación de sustancias controladas conllevan una pena máxima de cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares cada uno. Los otros dos delitos se castigan con hasta 20 años de prisión y multas de hasta 500.000 dólares cada uno.
En la investigación participaron HSI, la Patrulla Fronteriza, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, CBP, la DEA, el Departamento de Justicia de California y el FBI. La causa corre a cargo de los fiscales federales adjuntos Michael Deshong y Jordan Arakawa. La Fiscalía recordó que la acusación formal es solo una alegación y que Hernández Victoria se presume inocente hasta que un tribunal demuestre su culpabilidad.
