El Consulado en Buenos Aires salva el ultimátum del Supremo y confirma que ningún nacionalizado se acogió al exilio.

El Consulado General de España en Buenos Aires ha logrado cumplir a contrarreloj con la exigencia del Tribunal Supremo y entregar la documentación relativa a los nacionalizados de la llamada «ley de nietos» afectados por el adelanto electoral. El balance del operativo deja un dato clave que desmonta el relato oficial: ninguno de los beneficiarios en las demarcaciones argentinas acreditó el exilio político.

La carrera contrarreloj se desencadenó después de que el Alto Tribunal impusiera un plazo límite de cinco días naturales, que en la práctica se redujo a menos de 24 horas hábiles tras la recepción del telegrama el pasado viernes, para que las delegaciones remitieran los listados al Palacio de Santa Cruz. La situación en los consulados era límite debido a que la herramienta informática prometida por el ministro José Manuel Albares para volcar los datos automáticamente con la Oficina del Censo nunca llegó.

Ante esta falta de digitalización, las oficinas debieron enfrentar una tarea colosal. En el caso de Buenos Aires, el personal tuvo que lidiar con 645.000 solicitudes acumuladas y consultar un volumen ingente equivalente a 66 toneladas de documentos en papel para volcarlos manualmente a una hoja de cálculo. Para cumplir con el requerimiento judicial, Exteriores tuvo que ordenar la suspensión de permisos y vacaciones, autorizar refuerzos y movilizar a diplomáticos en jornadas maratonianas de hasta 16 horas diarias.

Según El Mundo, al revisar los casos procedentes de los consulados argentinos, que junto a La Habana, Rosario, Ciudad de México, Caracas y Mendoza aglutinaban el 80% de los datos requeridos, se constató que ni un solo solicitante alegó los motivos de exilio previstos en la ley.

La Asociación de Diplomáticos Españoles ha alzado la voz para exigir responsabilidades políticas. En un comunicado emitido tras el cierre del plazo judicial, el colectivo ha reclamado al Ministerio de Presidencia, dirigido por Félix Bolaños, que haga públicas todas las instrucciones y directrices enviadas a las oficinas consulares para aplicar la Disposición Adicional Octava de la Ley de Memoria Democrática.

Asimismo, la asociación ha recordado que la red consular española ha tenido que afrontar una avalancha de cerca de dos millones y medio de solicitudes en condiciones de extrema precariedad de medios humanos y técnicos, saliendo adelante únicamente gracias al esfuerzo descomunal de los empleados públicos.