La Comisión Europea abre expediente a España por la regularización de inmigrantes

Bruselas atiende una queja de Junts y examinará si el decreto del Gobierno, que acabó con 1.174.968 solicitudes, respeta el Derecho de la UE. Esa cifra más que duplica el medio millón que estimaba el Ejecutivo.

La Comisión Europea ha decidido estudiar si el Gobierno de Pedro Sánchez respetó las normas comunitarias al aprobar por decreto la regularización extraordinaria de inmigrantes. El proceso, que cerró su plazo el 30 de junio, sigue resolviendo muchas de las solicitudes presentadas.

La investigación responde a una denuncia que Junts registró en julio. El 23 de octubre, Bruselas contestó al partido que «examinará su denuncia a la luz del Derecho de la Unión Europea aplicable». Así lo ha adelantado El Mundo, que ha tenido acceso a la respuesta. La Comisión no descarta abrir en el futuro «un procedimiento de infracción» contra España, con el «objetivo general de garantizar que las leyes y prácticas de los Estados miembros sean conformes con el Derecho de la UE». El análisis corresponde a la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior.

La formación secesionista catalana, que preside Carles Puigdemont, cuestiona que se usara un real decreto en lugar de una ley debatida en las Cortes. También reprocha que el Ejecutivo no informara a la Comisión ni a los demás Estados miembros de sus intenciones. La reclamación fue diseñada por Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont.

Junts sostiene además que el decreto archiva y revoca órdenes de expulsión de quienes obtengan la residencia, pese a que la directiva europea de retorno obliga a dictar el retorno de los extranjeros en situación irregular. Denuncia también que los solicitantes de asilo puedan lograr un permiso de residencia sin comprobar si necesitaban protección. Por último, introduce el elemento lingüístico: según la denuncia, los beneficiarios pueden vivir en Cataluña sin acreditar vínculo alguno con el catalán.

La formación que lidera Míriam Nogueras en el Congreso se felicita porque Bruselas examine el asunto después de que en enero descartara hacerlo. Entonces, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, afirmó ante PP y Vox que regularizar a nacionales de terceros países que residen ilegalmente «es una responsabilidad de los Estados miembros». En febrero matizó que cada Estado debe garantizar que sus decisiones no tengan consecuencias negativas en otras partes de la Unión.

Junts dispone de un año para aportar documentación que respalde su denuncia. Considera que hace el trabajo que correspondía a la Generalitat, ya que Cataluña registró el mayor número de peticiones: 257.602, cerca del 22 % del total. El expediente llega diez días después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y la danesa, Mette Frederiksen, criticaran a Sánchez por la regularización masiva.