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La ONU acusa a Rusia de reclutar con engaños a extranjeros de 29 países

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Una comisión de investigación de la ONU exige a Moscú anular los contratos firmados bajo coacción y liberar a los extranjeros atrapados en el frente. También pide a los gobiernos hispanoamericanos que no procesen a estos ciudadanos cuando regresen.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania presentó este lunes su informe en la 27.ª sesión plenaria de la Tercera Comisión de la Asamblea General. El documento, que el organismo compartió en exclusiva con Infobae, sostiene que las autoridades rusas incurrieron en el delito de trata de personas al reclutar a ciudadanos extranjeros para combatir en el frente ucraniano.

Los investigadores examinaron la situación de nacionales de 48 estados y concluyeron que existen pruebas contundentes de captación forzada o fraudulenta en al menos 29 de ellos. El informe describe redes estructuradas que atrajeron con engaños a decenas de hispanoamericanos, entre ellos salvadoreños y hondureños, hacia las filas de las Fuerzas Armadas de Rusia.

Según la comisión, los reclutadores actuaron en Centroamérica a través de redes sociales y agencias informales. Sus propuestas iban dirigidas a hombres de entre 18 y 60 años en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Las ofertas no mencionaban actividad militar alguna y prometían salarios elevados en moneda extranjera por trabajos civiles en Rusia, como guardias de seguridad, conductores, mecánicos, soldadores o personal de mantenimiento en almacenes.

Los intermediarios organizaban visados y vuelos con múltiples escalas. Al llegar a Rusia, afirma el informe, los reclutados perdían sus teléfonos y pasaportes y eran trasladados a bases militares. Allí debían firmar contratos redactados solo en ruso, un idioma que no entendían. Quienes mostraban reticencia o intentaban rescindir el acuerdo recibían amenazas de cárcel, golpizas o deportación inmediata.

Los testimonios recogidos indican que la instrucción militar previa fue casi nula antes de enviarlos a las zonas de mayor peligro del frente oriental. Según la comisión, estos combatientes extranjeros participaron en misiones de alto riesgo que acabaron en muertes, desapariciones forzadas y capturas. El informe atribuye responsabilidad directa a la estructura de mando militar del Gobierno ruso por permitir y organizar estos mecanismos.

El documento subraya que los afectados no deben considerarse mercenarios según el derecho internacional humanitario. Al quedar incorporados formalmente a las Fuerzas Armadas rusas, adquieren la condición de combatientes y deben recibir la protección que los Convenios de Ginebra reconocen a los prisioneros de guerra.

Los expertos instan al Kremlin a revocar de inmediato los contratos firmados bajo engaño o coacción, liberar a los extranjeros y permitir su regreso seguro. También piden a los gobiernos de los países de origen que no procesen penalmente a estas personas, por considerarlas víctimas de trata, y que intensifiquen las investigaciones judiciales contra las redes de reclutamiento que operan en su territorio. Moscú no se ha pronunciado sobre el informe.