Los disturbios del sábado en el centro de Barcelona han dejado 128 detenidos, más de la mitad menores de edad. El caso reabre la petición de reformar la Ley del Menor para que estos altercados no queden impunes.
Los graves altercados del sábado en el centro de Barcelona incluyeron actos vandálicos, saqueos a decenas de comercios y destrucción de mobiliario urbano. La movilización se convocó mediante mensajes virales en TikTok y, según los datos conocidos, los Mossos d’Esquadra han arrestado a 128 personas.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha respondido con un mensaje de firmeza: «quien rompe, paga». Ha advertido además de que, si los menores no pueden asumir ese coste, «pagarán sus padres».
El Español sostiene en un análisis que la legislación vigente hace dudoso que los jóvenes responsables respondan penalmente. Recuerda que los menores de catorce años son inimputables y que, entre los catorce y los diecisiete, la sanción se limita en la mayoría de los casos a medidas socioeducativas o trabajos comunitarios. Según ese análisis, la consecuencia práctica queda en la responsabilidad civil de las familias, lo que alimenta una sensación de impunidad. Por eso defiende plantearse seriamente una reforma de la Ley del Menor.
El mismo texto sitúa los disturbios en un contexto político más amplio. Los compara con las revueltas juveniles recientes en Francia y habla de un clima de hostilidad creciente en plena precampaña de las elecciones del 29-N, con acoso a mítines de PP y Vox. Responsabiliza de ese clima al Gobierno de Pedro Sánchez, al que critica por contraponer la calle a las instituciones. Recuerda que, al convocar los comicios, Sánchez dijo que «es hora de que el Parlamento se parezca a la calle».
Ese análisis recoge también que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, dimitió este domingo. Atribuye su salida a su exclusión de las listas electorales del PSOE y no a una asunción de responsabilidad por el orden público.
