Seis diputadas costarricenses eliminan la anticoncepción de emergencia de un proyecto sobre víctimas de violación
24 Oct 2026, 04:46
La Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobó el cambio por seis votos a favor y uno en contra. Las diputadas oficialistas aceptan reincorporar el fármaco, pero con una prueba de embarazo previa.
La votación se celebró en la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa. El texto afectado es el expediente 23.633, que pretende convertir en ley el llamado Protocolo de las 72 Horas, el que fija cómo deben actuar las autoridades en las primeras horas tras una violación sexual. Ese protocolo incluye atención médica, apoyo psicológico, medicamentos para prevenir infecciones, protección y recolección de pruebas para una eventual investigación judicial.
La propuesta original contemplaba además entregar anticonceptivos de emergencia cuando la víctima los pidiera, tras recibir información sobre su uso. Esa parte desapareció del texto aprobado en comisión.
El cambio contó con el respaldo de las oficialistas Kattia Calvo, Kattia Mora, Ana Ruth Esquivel y Mayuli Ortega, del Partido Pueblo Soberano, y de Karen Alfaro y Andrea Valverde, del Partido Liberación Nacional. La única voz en contra fue la de Vianey Mora, del Frente Amplio, que cuestionó que se retirara el medicamento de una iniciativa destinada a proteger a las víctimas.
Tras las críticas, Calvo, presidenta de la comisión, explicó que las diputadas oficialistas están dispuestas a recuperarlo con una condición: que la víctima se haga antes una prueba de embarazo. Según dijo, a su fracción le preocupa que una mujer pudiera estar ya embarazada antes de la agresión. «Estamos dispuestas a volver a incluir la pastilla contraceptiva en las mociones que correspondan cuando se retrotraiga a comisión», afirmó. La exigencia de la prueba aún no está aprobada y deberá discutirse en las siguientes etapas del trámite.
La Organización Mundial de la Salud sostiene que estas pastillas no provocan abortos ni interrumpen un embarazo existente, y que no es necesaria una prueba de embarazo antes de administrarlas. Añade que pueden usarse hasta cinco días después de la relación sexual, según el método, con mayor eficacia cuanto antes se tomen.
La Fundación Paniamor, la Asociación de Obstetricia y Ginecología de Costa Rica y la Asociación Costarricense de Pediatría criticaron la modificación. Consideran que las víctimas necesitan atención rápida y que no deben afrontar trámites sin justificación médica. Piden que el proyecto vuelva a incluir expresamente el fármaco, sobre todo para proteger a niñas, adolescentes y mujeres.
La decisión no elimina el acceso actual al medicamento, que sigue previsto en los procedimientos médicos vigentes para atender a víctimas de violación. Lo que se ha retirado del proyecto es la obligación expresa de garantizarlo. No hay, por tanto, ninguna prohibición ni modificación definitiva de la atención en los centros de salud, y el texto aún puede cambiar en la Asamblea Legislativa antes de convertirse en ley.
