El Supremo exige a Albares y Bolaños la lista de 163.020 nacionalizados en cinco días

El Tribunal Supremo requiere a los ministros de Exteriores y de Presidencia y Justicia la relación nominal de los afectados por la ‘ley de nietos’. Les advierte con multas de 1.000 euros y posibles responsabilidades penales si no la envían.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una resolución, este viernes, en la que concede cinco días a José Manuel Albares y Félix Bolaños para remitir el listado nominal de las 163.020 personas nacionalizadas al amparo de la ‘ley de nietos’. El tribunal advierte a ambos ministros de que, si no lo envían, podrán imponérseles multas reiteradas y la Sala podría deducir testimonio contra ellos para exigirles responsabilidad penal. Las multas serían de 1.000 euros.

El tribunal considera «absolutamente necesario» que la lista llegue a la propia Sala, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral. Sostiene que sin ella no se puede depurar el censo de quienes figuran indebidamente ni mantener a quienes cumplen la ley. Califica de «incomprensible» que la Administración no la haya facilitado, pues fue ella quien tramitó los expedientes de nacionalidad, y subraya que esa omisión puede impedir votar a personas con derecho a hacerlo «por la propia inacción de la Administración».

Más de un mes desde las cautelares

Han pasado 43 días desde el primer auto, el del 10 de septiembre, que suspendió cautelarmente el derecho al voto de los afectados inscritos en el censo de residentes en el extranjero. Según el Supremo, el Gobierno solo ha aportado hasta ahora la cifra total de afectados. El 21 de octubre comunicó que había revisado 31.390 expedientes. En solo 91 de ellos los Registros Consulares han emitido certificados a personas que acreditan el exilio de sus ascendientes.

Esos afectados solo podrán votar el 29-N si el Consulado certifica que su nacionalidad se concedió conforme a la Ley de Memoria Democrática. Esta ley se refiere a descendientes de padres o abuelos exiliados por motivos políticos. El tribunal cuestiona la vía de una Instrucción del Ministerio de Justicia, que permitió conceder nacionalidades presumiendo ese exilio.

La suspensión cautelar del voto ya fue objeto de un recurso del despacho de Garzón ante el Supremo, como informó HerQles.