La Administración Trump pide a la Corte Suprema reanudar el muro en Big Bend, Texas
22 Oct 2026, 02:47
El Departamento de Justicia solicita al máximo tribunal que levante la orden cautelar que paraliza un proyecto fronterizo de 1.700 millones de dólares. La obra afecta a una zona protegida de Texas con el parque nacional Big Bend.
El Gobierno de Estados Unidos presentó el miércoles un recurso ante la Corte Suprema para que se reactiven de inmediato los trabajos del muro fronterizo y de la infraestructura de seguridad en una zona remota de Texas. El Departamento de Justicia insta a los magistrados a suspender la medida cautelar dictada por un tribunal inferior de ese estado.
Los fiscales sostienen que la restricción judicial es un «obstáculo» para las competencias de seguridad nacional en la protección de cerca de 800 kilómetros de frontera sur frente al tráfico de drogas y la inmigración irregular. En su moción afirman: «La orden emitida por el tribunal inferior constituye un obstáculo para la obligación del gobierno de proteger la cuarta parte de la frontera sur ante incursiones de inmigrantes y del narcotráfico. Existe una necesidad aguda e inmediata de acelerar la infraestructura de seguridad».
El proyecto, valorado en 1.700 millones de dólares, prevé levantar barreras físicas, abrir carreteras de acceso y desplegar tecnología de vigilancia sobre más de 324.000 hectáreas protegidas, de elevado valor ecológico y arqueológico.
La disputa judicial arrancó en abril, cuando organizaciones ambientalistas y conservacionistas presentaron demandas. Denuncian que el Gobierno recurrió a exenciones de normativas medioambientales impulsadas a principios de año por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. La iniciativa forma parte del plan de refuerzo fronterizo que Donald Trump reactivó tras su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.
La decisión de la Corte Suprema determinará hasta dónde llegan las facultades del Ejecutivo para eximir de las leyes de protección ambiental los proyectos de infraestructura de seguridad.
Los colectivos demandantes advierten de daños irreversibles para las especies amenazadas y los yacimientos del parque nacional. La Casa Blanca, por su parte, defiende que la prioridad es el cerco físico en la frontera con México.
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