El Ministerio Público defiende que las declaraciones del ministro para la Transformación Digital contra el excapitán de la UCO Juan Vicente Bonilla no estaban amparadas por su aforamiento. Bonilla le reclama 350.000 euros por vulnerar su derecho al honor.
En un escrito al que ha tenido acceso ABC, la fiscal María Ángeles León Palomares «comparte» los argumentos que Bonilla expone en su recurso contra la decisión de enviar la causa al Tribunal Supremo. Según la fiscal, las manifestaciones objeto de la demanda no se hicieron en el ejercicio del cargo de López, sino en la red social X y en actos de partido. Cita además jurisprudencia en casos similares, en los que el Supremo no juzgó a aforados por esa razón, y concluye que «no es aplicable la regla de competencia objetiva» del artículo 56.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Fiscalía añade que «no parece razonable» alterar las reglas ordinarias de competencia y convertir a la Sala Primera del Supremo en el órgano que juzgue en única instancia todas las demandas civiles por lo que los aforados digan en redes sociales. Por eso defiende que el juzgado de primera instancia número 74 de Madrid es competente para conocer del caso.
Bonilla, que dirigía el departamento de fuentes de la policía judicial, presentó la demanda en mayo. Pide 350.000 euros al ministro, líder del PSOE de Madrid, por acusarle de «fantasear» con un magnicidio contra Pedro Sánchez. El escrito recoge cuatro declaraciones públicas de López, dos de ellas posteriores a la rectificación del asunto por otros medios.
El origen del caso está en una información de El Plural que reprodujo una conversación del guardia civil con su confidente, José Luis Caramés. A ese diálogo se le habían suprimido tres frases clave que cambiaban su sentido. A partir de esa publicación, López acusó a Bonilla en X de pretender «poner una bomba lapa en los bajos del coche» o enviarle un «sicario venezolano». También exigió a Isabel Díaz Ayuso su cese.
El 1 de junio de 2025, en un acto, López afirmó: «No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del Gobierno». Horas después insistió en X en que Ayuso debía cesar «inmediatamente» a quien «fantasea con la muerte del presidente del Gobierno». En una entrevista en Onda Cero se negó a rectificar: «No, yo no rectifico. Yo no he dicho nada de la bomba lapa».
Todos los medios salvo El Plural rectificaron la información sobre la llamada «UCO patriótica». Por ello Bonilla ha demandado también a ese digital y le reclama 390.000 euros por vulneración de su honor.
