Denuncian un ataque a tiros contra la vivienda del dirigente opositor Ricardo Pérez en Portuguesa
22 Oct 2026, 23:02
La ONG Fundehullan denuncia que la casa de Ricardo Pérez, dirigente de Copei en el municipio Ospino, fue tiroteada. Según la organización, es el segundo atentado contra su domicilio en dos años.
La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) denunció este jueves 22 de octubre un ataque con armas de fuego contra la residencia de Ricardo Pérez, dirigente del partido socialcristiano Copei, en el municipio Ospino, en el estado Portuguesa.
La organización difundió un vídeo en el que Pérez muestra los impactos de proyectiles en las paredes exteriores de la casa y casquillos percutidos hallados en el lugar. Fundehullan advirtió de que el suceso puso en riesgo directo a la familia del activista y recordó que se trata del segundo atentado contra su domicilio en los últimos dos años.
La ONG pidió al Ministerio Público y al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que abran una investigación para determinar las responsabilidades materiales e intelectuales. También reclamó medidas cautelares y de protección urgentes para Pérez y los suyos.
El ataque coincidió con la jornada de movilización opositora convocada en todo el país para pedir un cronograma electoral hacia los comicios de 2027 y garantías para el regreso de María Corina Machado, convocada por la propia Machado para exigir que se fijen las elecciones presidenciales.
«Este grave hecho, que puso en riesgo inminente la vida de su núcleo familiar, constituye un patrón reiterado de persecución política. Esto confirma lo denunciado por la Misión Internacional de Determinación de Hechos: el aparato represivo se mantiene intacto», manifestó Fundehullan en sus canales oficiales.
Diversas organizaciones civiles han reportado en las últimas semanas la detención y posterior excarcelación bajo medidas cautelares de líderes sindicales y abogados defensores en varias entidades del país. Según el recuento de la ONG Foro Penal, hay 322 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela. Las instancias del Ejecutivo rechazan esa categoría y sostienen que las detenciones responden a procedimientos por delitos comunes.
Imagen generada con IA
