El Senado de Chile aprueba una ley que agiliza la expulsión de extranjeros

La Cámara alta respaldó con 37 votos a favor y una abstención el informe de la comisión mixta. El texto permite a la policía entrar en domicilios, con orden judicial, para detener a extranjeros con expulsión vigente.

El Senado chileno aprobó este martes el informe final de una comisión mixta, un órgano temporal formado por senadores y diputados, sobre el proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros que infringen la ley. La comisión introdujo cambios en el texto que ya había aprobado la Cámara de Diputadas y Diputados.

Uno de los puntos centrales de la reforma de la Ley de Migración y Extranjería es facilitar la localización y detención de extranjeros con órdenes de expulsión vigentes, tarea que corresponde a la Policía de Investigaciones (PDI). Según el proyecto, la PDI pedirá a un juez de garantía autorización para entrar en el domicilio donde se encuentre la persona y detenerla. El magistrado deberá resolver la petición en un plazo de 24 horas.

La iniciativa eleva de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de ingreso al país en casos concretos. También prevé mecanismos para expulsar de inmediato a los extranjeros en situación irregular que afronten determinados procesos penales, siempre que el tribunal lo autorice.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, explicó que la comisión mixta acordó por unanimidad «una serie de medidas que buscan agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y de esa manera hacerlas más efectivas». Añadió que el proyecto es «muy, muy trascendente, para poder dar mayor efectividad al cumplimiento de las resoluciones que dispone la expulsión administrativa».

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Chile tiene más de 330.000 extranjeros en situación irregular. Diversos reportes calculan que hay más de 75.000 órdenes de expulsión pendientes de ejecución, y cerca de la mitad corresponden a ciudadanos venezolanos.

La ejecución de esas expulsiones se complica porque no hay avances reportados con Venezuela. En agosto se anunció el restablecimiento de las relaciones consulares, rotas en 2024, y en septiembre Kast se reunió en Naciones Unidas con la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. Pese a ello, no se han comunicado progresos en la situación consular.

El Congreso debate además otro proyecto impulsado por Kast para tipificar la inmigración irregular como delito.