México acumula 169 periodistas asesinados en 20 años, con un 99% de impunidad

Reporteros Sin Fronteras reclama a la presidenta Claudia Sheinbaum medidas urgentes de protección tras presentar un monitoreo de estos crímenes, que suponen unos ocho al año.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) presentó este martes un monitoreo de los asesinatos de periodistas en México. Según la organización, en dos décadas han muerto 169 comunicadores, un promedio de ocho al año, y el 99% de los casos sigue sin esclarecerse por completo. RSF precisa que menos del 1% de los crímenes se ha resuelto en su totalidad. En 168 de los 169 asesinatos, la investigación no ha permitido identificar al autor intelectual ni aclarar el móvil.

La organización pidió a Sheinbaum que adopte «con carácter de urgencia, todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los periodistas». Con esas cifras, el informe concluye que los crímenes se producen en un «contexto de impunidad prácticamente absoluta».

RSF atribuye la mayoría de los asesinatos al crimen organizado y a la corrupción, en un escenario que describe como de fracaso del sistema judicial y de fallos del Estado en la protección de los informadores. Califica la serie de «la más prolongada en un país en paz en el siglo XXI».

Artur Romeu, director de RSF para América Latina, afirmó que «desde hace 20 años, en México, los periodistas son vistos como una amenaza por un entramado de gobernanza criminal». Añadió que hablar de los periodistas asesinados es hablar de «casos de tortura, decapitaciones y cuerpos abandonados en plena calle junto a mensajes de advertencia». También sostuvo que se trata de un sistema judicial «ineficaz» en el mejor de los casos y «corrupto» en el peor, que llega a dirigir acusaciones contra los propios periodistas.

RSF explica que en muchos casos los cárteles aparecen señalados como responsables, incluso reivindican los asesinatos, y en otros hay indicios de su posible participación. Pero advierte de que señalarlos, sin destinar recursos para detenerlos ni desmantelar las redes de complicidad que los protegen, también compromete la responsabilidad del Estado mexicano.

El informe cita el trabajo de la ONG mexicana Propuesta Cívica, defensora de la libertad de expresión y aliada de RSF, que apoya a las familias de los periodistas asesinados. Esta organización ha documentado irregularidades en las primeras fases de las investigaciones, como la «pérdida o conservación inadecuada de pruebas», líneas de investigación incompletas, falta de análisis del contexto, coordinación deficiente entre autoridades y, en muchos casos, «ausencia de voluntad política».

RSF reconoce que México cuenta desde 2006 con una unidad especializada en delitos contra periodistas. Su mandato se amplió en 2010 y dio origen a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle).

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