EE. UU. concede a la minera canadiense Sherritt un primer permiso para reanudar operaciones en Cuba

La OFAC ha autorizado el envío de combustible y otros insumos a la mina de Moa, pero la reanudación efectiva exige una segunda licencia de emergencia. La empresa paralizó su actividad en mayo por las sanciones estadounidenses.

La minera canadiense Sherritt International anunció el martes que ha recibido de Estados Unidos un primer permiso para volver a enviar combustible y otros productos necesarios para su actividad extractiva de níquel y cobalto en Cuba. La autorización procede de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el organismo encargado de aplicar el embargo estadounidense.

Según la empresa, esta «licencia de combustible» es «la primera de una serie de licencias de emergencia de la OFAC» que necesitará para reiniciar la extracción y el procesamiento. Sherritt precisa que la reanudación efectiva de las operaciones mineras en la isla «sigue sujeta a la obtención de una segunda licencia de emergencia».

Sherritt había anunciado a principios de mayo su salida de Cuba por las nuevas sanciones de Washington a las empresas que operan en la isla. Llevaba 30 años explotando el yacimiento de Moa, en el este del país, en asociación con el Estado cubano. Pocos días después aclaró que no liquidaría sus activos, debido a las negociaciones en curso para una recapitalización con el grupo estadounidense Gillon Capital, propiedad del multimillonario texano Ray Washburne, cercano al presidente Donald Trump. Gillon Capital aspira a adquirir el 55 % de Sherritt, y la compañía subraya que las gestiones ante la OFAC se hicieron en estrecha coordinación con ese grupo.

El contexto es el de un bloqueo petrolero que Estados Unidos impone a Cuba desde enero y que solo permite el envío de combustible desde su territorio al sector privado cubano. Sherritt posee además, junto al Estado cubano, una refinería en Alberta, en el oeste de Canadá, paralizada desde junio.

La minera también informó de que a finales de septiembre alcanzó «un acuerdo de consentimiento provisional» con Moa Bay Mining Company, la sociedad que desarrolló la explotación en Moa en la década de 1950, antes de su nacionalización tras la Revolución cubana. Moa Bay había presentado en Estados Unidos una reclamación por bienes nacionalizados al amparo de la ley Helms-Burton, que prevé acciones judiciales contra quienes negocian con propiedades nacionalizadas. Según Sherritt, Moa Bay se ha comprometido a no presentar demandas.

Trump considera que Cuba, situada a unos 150 kilómetros de las costas de Florida, supone «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de Estados Unidos y ha amenazado en varias ocasiones con «tomar el control» de la isla.