El primer ministro polaco, Donald Tusk, relata un enfrentamiento con el presidente del Gobierno en Bruselas. Acusa a Sánchez de defender una apertura excesiva y de poner en riesgo la seguridad europea.
El último Consejo Europeo, celebrado la semana pasada en Bruselas, dejó un tenso cruce entre Pedro Sánchez y Donald Tusk a cuenta de la política migratoria española. El propio Tusk lo detalló en un vídeo difundido en sus redes sociales.
«Se produjo un enfrentamiento bastante tenso», explicó el primer ministro polaco. Según su relato, el presidente del Gobierno defendió «una política migratoria ineficaz: una apertura excesiva», mientras que Polonia, Italia y Dinamarca, «una alianza muy sólida», propusieron medidas «muy estrictas». Tusk sostuvo que las propuestas de Sánchez no son la solución: «Este no es el camino a seguir». También afirmó que las medidas de Madrid podrían favorecer los cruces irregulares de las fronteras comunitarias y puso en duda la seguridad europea. Se declaró convencido de que «casi todos los países europeos» comparten su postura.
La emisora polaca RMF FM añade que el ambiente fue «muy tenso», hasta el punto de que los participantes estuvieron cerca de recurrir a «expresiones poco parlamentarias». Según esa versión, Tusk salió de la sala para consultar con su delegación. Los primeros ministros de Chequia y Hungría se mostraron reacios a decidir nada sin él, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, lo llamó para que regresara y se reanudaran las negociaciones.
Francia y Luxemburgo fueron los principales apoyos de Sánchez. Italia, Dinamarca y otros 15 países criticaron la gestión del Gobierno español, tanto por la entrada de unos 80.000 inmigrantes en Ceuta como por la regularización de 500.000 extranjeros.
En paralelo, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y la italiana, Giorgia Meloni, organizaron un desayuno con 18 líderes europeos. En él, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometió a presentar una propuesta legislativa antes de final de año. Frederiksen le pidió que investigara «si es legal que un país haga lo contrario al resto», en referencia a España.
El primer ministro checo, Andrej Babiš, acusó al Gobierno español de «querer reemplazar a su propia población por inmigrantes para permanecer en el poder». El canciller austríaco, Christian Stocker, calificó la regularización de «mala señal» cuando la Unión Europea intenta frenar la inmigración irregular. Advirtió de que estas decisiones tienen «consecuencias» y sugirió que la medida del Ejecutivo español pudo contribuir a la crisis migratoria de Ceuta.
Imagen de archivo
