El Tribunal Constitucional ha elevado al Pleno la decisión sobre si admite el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra las medidas cautelares del Tribunal Supremo que afectan al voto de los españoles nacionalizados mediante la llamada Ley de Nietos. La deliberación, iniciada este martes, llega marcada por las dudas jurídicas sobre si procede la intervención urgente del Constitucional mientras siguen pendientes actuaciones en la vía judicial ordinaria.
El caso se centra en las medidas adoptadas por el Supremo que restringen el ejercicio del sufragio de miles de españoles que obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática. Gabilondo solicitó el amparo constitucional alegando vulneración de derechos fundamentales.
Sin embargo, el Constitucional se enfrenta a un precedente relevante. En 1984, el tribunal estableció criterios sobre la admisión de amparos cuando existen vías judiciales ordinarias aún no agotadas. Esta jurisprudencia podría ser determinante para la decisión final del Pleno.
La resolución que adopte el Constitucional tendrá consecuencias directas sobre el derecho al voto de estos ciudadanos en próximos procesos electorales, en un contexto de alta tensión política y judicial.
