El Gobierno italiano aprueba un decreto antidisturbios con hasta cinco años de cárcel

El Consejo de Ministros de Italia ha aprobado un decreto que crea el delito de «participación violenta en manifestaciones» y permite la detención preventiva de menores. La norma entra en vigor de inmediato tras los disturbios de los últimos días.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto de «seguridad juvenil» que la oposición cuestiona con dureza. La norma responde a las protestas que llevan días sacudiendo el país y que han golpeado a las principales ciudades, sobre todo Milán. La primera ministra, Giorgia Meloni, anunció las medidas en un vídeo difundido en redes sociales y aseguró que entran en vigor de forma inmediata.

El decreto extiende a los menores la detención preventiva, que hasta ahora solo se aplicaba a adultos. Según explicó Meloni, las fuerzas del orden podrán retener a menores de 18 años en comisaría durante 12 horas, incluso si no han cometido ningún delito, siempre que existan pruebas de que suponen un peligro. El Ejecutivo italiano llevaba meses intentando aprobar esta ampliación.

El texto crea además el delito de «participación violenta en manifestaciones». Quien, dentro de un grupo de cinco personas o más, lance piedras, palos o cualquier objeto que ponga en peligro a otros se expone a hasta cinco años de cárcel y 20.000 euros de multa. Meloni añadió que las penas aumentarán si el autor lleva el rostro cubierto.

La jefa del Gobierno también fijó que quien cause destrozos deberá pagarlos y que, si es menor, responderán sus padres: «Quien la hace la paga, y si no, que lo paguen sus padres». «Manifestar es un derecho, devastar nuestras ciudades no», afirmó. Dijo comprender las quejas de los manifestantes, pero sostuvo que no pueden ser «una coartada para la violencia», que «no representa una solución».

En el plano de la seguridad, Meloni anunció que llegarán a Milán 500 militares más, que trabajarán junto a la Policía y los Carabinieri, como ya informó HerQles. Para los menores prometió más magistrados y más plazas en los institutos.

Según los medios italianos, el decreto no incluye la disposición que daba funciones de policía judicial a los militares desplegados en Milán. El presidente de la República, Sergio Mattarella, la consideró inconstitucional.

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