Eurodiputados presentan una resolución para proteger a europeos detenidos arbitrariamente en el extranjero

El español Miguel Moreno, que pasó siete meses preso en la cárcel venezolana de El Rodeo I, ha aportado su testimonio a una iniciativa del eurodiputado francés Jean-Marc Germain. La propuesta pide reconocer jurídicamente la detención arbitraria y nombrar un representante especial de la Unión Europea.

La propuesta se presentó el martes 13 de octubre ante el Parlamento Europeo. La impulsa Jean-Marc Germain junto a otros eurodiputados y con la colaboración de la asociación SOS Otages. Entre quienes aportaron su testimonio estuvo Miguel Moreno, periodista y marinero español detenido el 11 de junio de 2025 en aguas internacionales cercanas a Venezuela, cuando trabajaba en un barco de bandera panameña.

Moreno permaneció siete meses en El Rodeo I y salió el 6 de enero, tres días después de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela en la que fueron capturados Nicolás Maduro y Cilia Flores. Según su relato, Alexander Granko Arteaga fue a buscarlo a la cárcel y Diosdado Cabello lo llevó a la Embajada de España en Caracas. Allí compartió reclusión con más de 100 extranjeros, sin contacto con sus familias, sin abogado y sin una causa que justificara su detención.

«Europa nos falló cuando se cerraron las puertas y desapareció cuando las abrieron», afirmó Moreno tras su comparecencia. Explicó que las autoridades venezolanas trataban mejor a los extranjeros que a los presos políticos porque sabían el coste de que a uno de ellos le ocurriera algo. «Por eso la comida era diferente, los cuidados eran diferentes, las torturas eran diferentes», declaró. Aclaró que no sufrían torturas físicas que pusieran en riesgo su vida, pero sí torturas psicológicas.

La iniciativa persigue dos objetivos. El primero es el reconocimiento jurídico de la detención arbitraria, para que los 27 Estados miembros cuenten con mecanismos de apoyo a los detenidos. El segundo es crear la figura de un representante especial de la Unión Europea que coordine la diplomacia en estos casos. Según el documento de los promotores, desde 2010 al menos 149 ciudadanos de la Unión Europea han sido detenidos arbitrariamente por regímenes como los de Venezuela, Rusia o Irán. La detención duró de media un año y once meses, y en el 25 % de los casos las víctimas tenían doble nacionalidad.

El abogado Juan Carlos Gutiérrez, socio de Cremades & Calvo-Sotelo y defensor de una de las víctimas, sostiene que el mecanismo es «absolutamente necesario». A su juicio, estas detenciones van más allá de lo político: sus víctimas se usan como fichas de canje para presiones económicas o extorsivas, y en la mayoría de los supuestos considera que constituyen delitos de lesa humanidad.

Tras la presentación se abre un proceso de consultas. Los promotores prevén que la propuesta se debata en los grupos parlamentarios a comienzos de 2027 y esperan su aprobación, a más tardar, a mediados del próximo año. También señalan que la medida garantizaría atención a las víctimas una vez liberadas y a sus familias mientras dure la detención. Consideran inaceptable que ciudadanos europeos se conviertan en instrumentos de presión diplomática entre Estados.