Olula de Castro, en Almería, tiene 134 residentes y 306 electores inscritos en el extranjero
19 Oct 2026, 11:02
El pequeño municipio almeriense tiene más electores inscritos fuera de España que vecinos residentes. Vox lo usa como ejemplo del peso del voto exterior ante las elecciones generales del 29 de noviembre.
Manuel Gavira ha difundido el caso de Olula de Castro para ilustrar la dimensión que alcanza el electorado registrado fuera de España en determinados municipios andaluces. Según los datos publicados sobre la localidad, los votantes inscritos en el exterior suponen aproximadamente el 70 % de su censo electoral.
Vox ha puesto en marcha la web fraudeleydenietos.com, que permite ver el peso del censo exterior en cada municipio y provincia. Según el partido, la herramienta busca facilitar el seguimiento de los cambios en el electorado y alertar de sus posibles consecuencias en las generales del 29 de noviembre. En Olula de Castro, la comparación muestra que los votantes registrados en el extranjero superan ampliamente a los vecinos residentes.
El caso reabre el debate sobre la aplicación de la conocida como Ley de Nietos, impulsada por el PSOE, y sobre las garantías del censo electoral.
Pucherazo socialista con la ley de Nietos
La Ley de Nietos se aprobó en 2022 dentro de la Ley de Memoria Democrática. Permite a determinados hijos y nietos de españoles de origen acceder a la nacionalidad española.
Vox e Iustitia Europa recurrieron los criterios aplicados a las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el 10 de septiembre de 2026 las nuevas altas afectadas para examinar su regularidad. El 12 de octubre mantuvo la medida y cifró en 163.020 las personas afectadas, que no podrían votar el 29 de noviembre salvo que acreditasen ante los consulados que cumplen los requisitos.
La Abogacía del Estado había pedido levantar la suspensión, alegando que no había tiempo material para revisar todos los expedientes antes de las elecciones. Después, el Defensor del Pueblo recurrió ante el Tribunal Constitucional y solicitó medidas urgentes para que los afectados puedan votar en las generales.
