Cinco inmigrantes magrebíes se empadronan con contratos falsos en casa de un vecino de Montblanc
19 Oct 2026, 06:02
Un vecino de Montblanc (Tarragona) ha descubierto que cinco inmigrantes magrebíes en situación irregular figuran empadronados en su vivienda sin su conocimiento. La Policía detuvo a varios de ellos por falsificación documental, según el afectado.
David se enteró del caso cuando empezaron a llegar a su domicilio cartas a nombre de otras personas. Primero fue una de la sanidad pública catalana, y después otras cuatro. En total, cinco cartas daban cobertura sanitaria a los cinco inmigrantes, y otras tantas anunciaban ayudas económicas y sociales para los solicitantes.
Según relata David a OKDiario, lo primero que hizo fue acudir al Ayuntamiento para explicar que en su casa no vivía ningún inmigrante. Allí le enseñaron los contratos de alquiler de los cinco, que a su juicio eran falsos. «¡Eran contratos falsos de alquiler, por supuesto, que podía haber redactado un niño pequeño!», explica.
David asegura que el consistorio le respondió que ya lo sabía y que retiraría los empadronamientos, pero él siguió recibiendo correspondencia. «El ayuntamiento ni siquiera me llamó para preguntar si era cierto que estaban de alquiler en mi casa», afirma. Después denunció a los inmigrantes ante la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra. «La Policía los detuvo, a cuatro o cinco, no sé exactamente, por el delito de falsificación documental», señala, y duda de que sirva de mucho porque las cartas continúan.
La última, según David, venía remitida por el PSOE y contenía un carnet del partido a nombre de uno de los inmigrantes. «Yo no estoy diciendo, ni quiero poner el dedo en la llaga, relacionando los empadronamientos falsos con partidos políticos o compra de votos, pero es que es mucha casualidad, ¿no?», se pregunta.
Empadronamiento fraudulento
Un empadronamiento falso conlleva consecuencias administrativas y penales. El Ayuntamiento puede imponer una multa por infracción leve; si aprecia una trama, al repetirse los casos en un mismo domicilio, las sanciones oscilan entre 1.000 y 10.000 euros. Además, debe dar de baja el empadronamiento, y los afectados podrían perder prestaciones y ayudas públicas.
En el plano penal, el delito de falsedad en documento público puede castigarse con hasta tres años de prisión. Si la Policía demuestra la falsedad, los implicados no podrán acreditar su tiempo de permanencia ni su arraigo en España, lo que les impediría nacionalizarse y podría costarles el permiso de residencia si lo tuvieran.
