Cáritas endurece las condiciones para acoger a miembros de ETA en sus programas sociales

Cáritas no admitirá como voluntarios a condenados a penas graves cuando su colaboración se vincule al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. La decisión llega tras la denuncia de la Asociación Dignidad y Justicia.

Claves

• La Diócesis de San Sebastián y sus organismos vinculados no contemplarán la colaboración voluntaria de condenados a penas graves ligada al 100.2 hasta que las instancias competentes resuelvan.
• La medida responde a un escrito de Dignidad y Justicia, que denunció casos como el de la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto.
• Las víctimas siguen enfrentadas al Gobierno vasco por las semilibertades concedidas a miembros de la banda terrorista.

Dignidad y Justicia (DyJ), asociación que preside Daniel Portero, envió en septiembre un escrito al presidente de Cáritas, Luis Ayala. En él expresaba su preocupación porque la organización acogiera en sus programas de acción social a miembros de la banda terrorista ETA, como Soledad Iparraguirre, alias Anboto, o Igor Solana. Ayala se reunió después con representantes de la asociación, que le expusieron las irregularidades que denunciaban en torno a estas labores de voluntariado.

Según ha podido saber El Mundo, Cáritas ha decidido que, «en los casos de personas condenadas a penas graves de prisión, cuando la colaboración voluntaria esté vinculada a la aplicación del 100.2 del Reglamento Penitenciario, la Diócesis de San Sebastián y los organismos sociocaritativos vinculados a ella no contemplarán dicha colaboración hasta que las instancias competentes hayan resuelto sobre la aplicación del precepto». DyJ valora de forma muy favorable la decisión.

DyJ había denunciado que Anboto, «condenada por una decena de asesinatos», se acogió a un programa de Cáritas en el que se dedicó a «cuidar la huerta y los jardines parroquiales y a la atención de personas con riesgo de exclusión social como mérito para conseguir el acceso al artículo 100.2».

Las víctimas mantienen además su malestar con el Gobierno vasco. La consejera de Justicia, María Jesús San José, ha decidido dejar de informar a las asociaciones sobre las semilibertades de los presos de ETA. Considera inadecuada esa comunicación «por falta de transmisión a las víctimas en algún caso y por filtración de aspectos sensibles y protegidos de los expedientes en otros». Los colectivos de víctimas habían calificado esas salidas de prisión de «amnistías encubiertas».

Portero ha denunciado también que se concedió el tercer grado al exjefe de ETA Juan Antonio Olarra Guridi, quien ordenó el asesinato de su padre, el fiscal Luis Portero. Según Portero, Olarra Guridi nunca ha pedido perdón a las víctimas ni ha mostrado arrepentimiento. Covite y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se han sumado a la protesta. Las víctimas piden de nuevo a la Fiscalía, el departamento que dirige el fiscal jefe Jesús Alonso, que recurra esa concesión.

Contexto

Los miembros de ETA condenados por la Audiencia Nacional y clasificados en segundo grado pueden acogerse al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Si cumplen un plan de reinserción social, disfrutan de buena parte de los beneficios del tercer grado, es decir, de la semilibertad. Las víctimas sostienen que el Gobierno vasco concede esta fórmula con tanta facilidad que permite a condenados a penas muy elevadas acceder antes a ese régimen.

En el caso de Olarra Guridi, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió por prematuro el tercer grado concedido en mayo. El juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro lo revocó por ese motivo.