La ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera, sostiene que la crisis no tiene precedentes en 76 años de registros climáticos. Ha anunciado que su departamento pedirá 566,175 millones de quetzales adicionales para 2027.
Rivera compareció ante la Comisión de Finanzas del Congreso y detalló que, además de las familias afectadas, la sequía ha dañado unas 300.000 hectáreas de cultivos, de las que 260.000 son de maíz. Según la ministra, el punto más crítico llegará entre diciembre de 2026 y enero de 2027, y la emergencia ya supera la capacidad exclusiva del ministerio porque repercute también en la inseguridad alimentaria, la energía y la migración. Es una situación similar a la que HerQles ya describió en el Corredor Seco.
La ministra explicó que los episodios de El Niño se han vuelto más frecuentes por efecto del cambio climático. Citó como los más intensos los de 1957-1958, 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016 y el actual. «Antes eran cada más o menos quince años el promedio y ahora está cada 6,3», afirmó, y proyectó al menos tres fenómenos de este tipo en la próxima década.
La respuesta estatal arrancó el 2 de septiembre, cuando el Ministerio de Agricultura (MAGA) pidió apoyo a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). El 11 de septiembre su Consejo aprobó el sistema conjunto y declaró la alerta naranja. Las familias con cultivos dañados reciben ayuda a través de los seis programas regulares del ministerio. La reserva estratégica cuenta con 17.000 unidades y espera una segunda entrega de 250.000 raciones de reserva y 102.272 del Programa de Insumos para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, financiada con 100 millones de quetzales adicionales del Ministerio de Economía.
Rivera atribuyó las dificultades de proyección a la falta de sensores en el Pacífico y comparó el cálculo de daños con medir un terremoto mientras ocurre: «No se puede saber cuánto va a ser el daño y cuánto van a ser las personas o las familias damnificadas sino hasta que termina de temblar». Según dijo, Oxfam había previsto 900.000 familias afectadas en toda Centroamérica, una cifra que Guatemala ya supera por sí sola.
Para 2027, el MAGA solicitará 566,175 millones de quetzales para reforzar sus seis programas. Como los presupuestos guatemaltecos cierran el 31 de diciembre y los episodios de El Niño suelen durar más de un año, la ministra propuso estudiar con el Ministerio de Finanzas Públicas un mecanismo de fondos ejecutables de forma interanual. Recordó que el ciclo de 2015-2016 atravesó dos cierres presupuestarios y que su afectación fue diez veces menor que la actual.
La diputada Laura Marroquín criticó que Guatemala no haya declarado una emergencia nacional por sequía, como sí hizo El Salvador. «Yo creo que como Congreso nos hemos quedado muy cortos», afirmó. Pidió que el dictamen presupuestario de 2027 incluya fondos para el MAGA y para el Ministerio de Salud ante un posible aumento de la desnutrición, y que CONRED participe en las audiencias de la comisión. El organismo ha solicitado 3.000 millones de quetzales adicionales.
