México detiene al exfiscal de Chihuahua en el caso de los agentes de la CIA
17 Oct 2026, 21:32
Las autoridades mexicanas arrestaron a César Gustavo Jáuregui Moreno por posibles irregularidades en su etapa como fiscal. El caso se enmarca en la investigación por la muerte de dos agentes de la CIA tras un operativo antidrogas.
Un juez dictó el viernes la orden de detención contra Jáuregui Moreno, acusado de ejercicio ilegal del servicio, y las autoridades lo arrestaron el sábado. La misma orden alcanza a Guillermo Arturo Zuany Portillo, exresponsable de operaciones estratégicas de la Fiscalía estatal, a quien además se acusa de dar información falsa a las autoridades. Hasta el momento no se había confirmado su captura.
La investigación arrancó tras el desmantelamiento, entre el 17 y el 18 de abril, de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, en la sierra de Chihuahua. El 19 de abril murieron dos agentes de la CIA cuando el vehículo en el que viajaban cayó por un barranco. En el accidente fallecieron también Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y el policía Manuel Genaro Méndez Montes.
Según las autoridades mexicanas, las pesquisas revelaron que personal estadounidense acompañó al grupo de seguridad estatal sin autorización del Gobierno federal y que su presencia no se comunicó a los mandos superiores. Jáuregui renunció el 27 de abril, después de reconocer fallos institucionales de información y supervisión sobre esa colaboración.
La Fiscalía General de la República abrió dos investigaciones: una sobre el laboratorio y otra sobre la presencia de agentes extranjeros que realizaban actividades de seguridad en el estado.
El caso ha alcanzado también a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Maru Campos. La Fiscalía General de la República la citó en mayo como testigo, junto con Jáuregui, para esclarecer las responsabilidades en la cadena de mando. Campos acudió a la sede de la Fiscalía federal el 27 de mayo, pero no declaró. Cuestionó la legalidad del citatorio y denunció una supuesta persecución política.
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