El OVP denuncia cobros de hasta 100 dólares a presos y familiares en Venezuela
16 Oct 2026, 01:31
Familiares de reclusos han denunciado ante el Observatorio Venezolano de Prisiones que se les exigen entre 50 y 100 dólares por preso para supuestas reparaciones en las cárceles. La ONG sostiene que las familias temen represalias contra los internos que no paguen.
Los familiares de personas privadas de libertad en Venezuela aseguran que deben reunir entre 50 y 100 dólares por cada recluso para cubrir presuntas obras de mantenimiento en los penales. Según los testimonios recogidos por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), el dinero se justificaría con la compra de pintura para canchas deportivas y con arreglos en talleres, comedores, paredes y techos.
Las denuncias indican que los requerimientos llegan por llamadas telefónicas y durante las visitas. En algunos casos, los parientes afirman que son los propios funcionarios de custodia quienes los contactan, les facilitan datos bancarios para hacer transferencias y les piden avisar a otras familias.
Estos pagos se suman a otros gastos que ya asumen los allegados: uniformes, zapatos, colchonetas y artículos de uso personal desde el ingreso en prisión, cuotas de entre 5 y 12 dólares para obtener agua potable, cobros por alimentos básicos y exigencias de dinero por visitas conyugales, traslados o trámites internos. Algunas familias, además, costean viajes semanales para visitar a los presos.
Una de las afectadas, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, lo resumió así: «A esa gente no le importa si no tenemos, saben que somos pobres y aún así nos siguen sacando plata». Los familiares temen que no pagar acarree castigos, aislamiento, incomunicación o malos tratos a los internos.
El OVP recuerda que el mantenimiento y la reparación de las cárceles corresponden al Estado, a través del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP), adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Su director, Humberto Prado, rechazó las presuntas prácticas de extorsión y afirmó: «Estas acciones constituyen delitos graves de concusión, corrupción y violación de los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».
La organización dice haber documentado casos de este tipo sobre todo en cárceles de Carabobo, Guárico, Miranda y Lara, sin descartar que la práctica se extienda a otros centros. Prado anunció que el OVP presentará una denuncia ante la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General y ante la Defensoría del Pueblo, con las pruebas reunidas, para pedir una investigación exhaustiva y transparente sobre los funcionarios presuntamente implicados.
El Observatorio responsabiliza al ministro del Servicio Penitenciario, a las autoridades de los penales y al personal de custodia de cualquier represalia, hostigamiento o daño físico o psicológico que sufran los internos por estas denuncias o por las acciones legales.
