La Audiencia Nacional archiva provisionalmente la denuncia contra Netanyahu por retener a un sargento español
16 Oct 2026, 10:47
El juez Antonio Piña ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa contra el primer ministro israelí y varios mandos militares. Argumenta que ya hay investigaciones en curso en la ONU y en Israel.
El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado en un auto el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada contra Benjamin Netanyahu y mandos militares israelíes por la retención de un sargento español en Líbano. La decisión coincide con el criterio de la Fiscalía.
En su resolución, el juez señala que consta «la existencia de investigaciones actualmente en curso, tanto en el ámbito institucional de Naciones Unidas como ante las autoridades del Estado de Israel». Por ello, sostiene que concurren, «al menos provisionalmente», los supuestos de la ley que excluyen la competencia de la jurisdicción española. Esa norma la descarta cuando ya se ha iniciado un procedimiento ante un tribunal internacional. También cuando el proceso se ha abierto en el Estado donde se cometió el delito o en el de la nacionalidad del presunto autor, salvo que ese país no quiera o no pueda investigar y enjuiciar los hechos.
La denuncia, presentada por el partido Iustitia Europa, apuntaba además al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, y a otros mandos. Se les atribuía el asalto a un convoy y la presunta detención ilegal de un sargento español de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL). Antes de decidir, Piña había preguntado a la Fiscalía si la Audiencia Nacional era competente para investigar el caso.
Según el relato de la denuncia, los hechos ocurrieron el 7 de abril, cuando Israel detuvo un convoy logístico de la misión de la ONU. El convoy transportaba alimentos y otros recursos para el contingente indonesio. El militar español, de acuerdo con ese escrito, permaneció retenido «menos de una hora».
El auto admite recurso. Las partes disponen de tres días para presentar uno de reforma o de cinco para plantear uno de apelación.
