Una jueza suspende la entrada en prisión del maquinista del Alvia de Angrois

La magistrada María Elena Fernández Currás paraliza el cumplimiento de la condena a Francisco Garzón mientras se resuelve su petición de indulto. El auto alude a las circunstancias del condenado, del delito y de la pena.

La jueza María Elena Fernández Currás ha aceptado suspender la ejecución de la sentencia contra el maquinista Francisco Garzón, condenado a dos años y medio de cárcel por el accidente del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela) en julio de 2013, que dejó 80 fallecidos y numerosos heridos. La suspensión durará mientras se tramita su solicitud de indulto.

Así consta en un auto del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago, que justifica la medida «atendiendo a las circunstancias de todo tipo, concurrentes en relación al condenado, al delito y a la naturaleza y duración de la pena a ejecutar». El texto añade que «procede acceder a la solicitud de suspensión de ejecución de la pena impuesta, mientras se tramita el indulto solicitado y hasta que recaiga la decisión correspondiente acerca del mismo».

La propia resolución admite que la ley del indulto establece que la propuesta de indulto «no suspenderá el cumplimiento de la sentencia ejecutoria». La jueza sostiene, sin embargo, que debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Código Penal, y de ahí su decisión. El auto puede recurrirse en reforma y subsidiariamente en apelación en tres días desde la notificación, o directamente en apelación en cinco días.

Fernández Currás condenó a Garzón tras una instrucción que duró una década y un juicio de varios meses. Lo hizo por entrar en una curva limitada a 80 kilómetros por hora a 170. También condenó al ex jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, por no aplicar las medidas de seguridad debidas en un tramo donde el sistema ERTMS estaba desconectado.

La Audiencia Provincial de A Coruña retiró después la condena a Cortabitarte, de modo que Garzón quedó como único responsable penal del accidente. En el juicio pesaron mucho las declaraciones de los expertos, que en numerosas ocasiones se contradijeron en sus conclusiones.

La plataforma de víctimas ha denunciado durante todo el proceso que hubo decisiones técnicas, en Adif y Renfe, y políticas, en el Ministerio de Fomento, que redujeron la seguridad en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. El desenlace depende ahora del indulto, que cuenta con el apoyo de la jueza que dictó la condena.