La Fiscalía declara de lesa humanidad el asesinato del magistrado Álvaro Medina en Medellín

La resolución, adoptada el 13 de octubre, revoca el archivo de 1991 y elimina los plazos de prescripción de la investigación. El crimen, cometido en 1985 por el cartel de Medellín, sigue sin ningún detenido.

La decisión fue tomada por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía, tras 41 años sin avances judiciales. La resolución declara «la imprescriptibilidad de la acción penal en el crimen de lesa humanidad en la persona del magistrado del H. Tribunal Superior de Medellín, Álvaro de Jesús Medina Ochoa», según el documento revelado por El Colombiano. Con este criterio, el proceso puede continuar sin que venzan los plazos para perseguir a los responsables.

Medina, magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, murió la noche del 8 de abril de 1985 cuando llegaba a su vivienda del barrio La Floresta, en el occidente de la ciudad. Dos sicarios del cartel que lideraba Pablo Escobar le dispararon al bajar de su automóvil, en presencia de su esposa. Un año antes había dictado autos de detención contra Escobar y varios de sus lugartenientes. Durante ese tiempo recibió visitas de emisarios que intentaron sobornarlo, además de amenazas telefónicas.

La Fiscalía también revocó el auto inhibitorio del 1 de agosto de 1991, con el que se archivó el expediente sin expedir una sola orden de captura. La nueva calificación obliga a desarchivarlo y a reanudar las pesquisas. El proceso podría incluir interrogatorios a antiguos miembros del cartel que sigan vivos. Entre los posibles llamados figuran Carlos Lehder y Fabio Ochoa, que regresaron recientemente a Colombia tras cumplir sus condenas en Estados Unidos. Ambos están en libertad y no tienen procesos pendientes en el país.

Ricardo Medina, abogado e hijo del magistrado, calificó la medida como «un reconocimiento a las víctimas de la Rama Judicial que dejó el cartel de Medellín». Según dijo, vuelve a poner de presente «un asunto que había sido relegado por la institucionalidad y por la misma sociedad». Medina consideró que el criterio aplicado puede extenderse a otros asesinatos de integrantes de la Rama Judicial. Añadió que ayudará a acabar con el relato de los antiguos capos, «que creen que porque pagaron delitos en Estados Unidos, ya no tienen cuentas pendientes con las víctimas».

El asesinato de Medina se enmarcó en la ofensi